A pesar del anuncio efectuado por el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, de que la Ciudad redujo sus envíos a la Ceamse en un 15 por ciento con respecto a enero de 2012 (5.340 toneladas contra 6.300), para reducir definitivamente el volumen de residuos es necesario implementar mucho más que la contenerización de la Ciudad que plantea el Pro como si fuera la panacea.
La licitación debe contemplar, entre otros ítems importantes, la participación ciudadana, la concientización sobre la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar los residuos y, en especial, debe apostar a la separación en origen de la basura, es decir, en los hogares, las empresas, las escuelas y en todo lugar en el que se concentren muchas personas.
El contrato
El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es el contrato más importante que pagan todas las ciudades del mundo. Pero no solo es el más caro, sino que contiene una larga serie de condiciones, porque implica limpiar una ciudad y conseguir que el producto de esa limpieza, que puede ser muy peligroso para el equilibrio ecológico, sea correctamente controlado para que no se vuelva un enemigo de la calidad de vida de sus habitantes.
Por esta razón, cada vez se le da más importancia al control a las empresas que prestan el servicio y a las tecnologías exigibles que se utilizan para desarrollarlo.
Limpiar, controlar, concientizar
En la audiencia pública que se realizó en el Auditorio del Centro Cultural Recoleta, el ministro Diego Santilli presentó la propuesta del Gobierno porteño para la licitación que se va a realizar para concesionar el servicio de recolección de residuos. Allí se escucharon, de parte de varios participantes, diversas propuestas, algunas de las cuales Santilli aseguró que serán tomadas en cuenta para confeccionar el pliego final.
En cuanto al servicio que propone la Ciudad, es necesario analizar algunos ítems que serán pautados en la próxima licitación, que quizá deberían ser sometidos a un examen más profundo. El primero es el costo del servicio: el precio mensual por cuadra que van a cobrar las empresas privadas va a ser de 130 mil pesos, en tanto que el servicio que queda a cargo del propio Gobierno porteño –que está en manos del Ente de Higiene Urbana, que limpiará la Zona Villas–, va a costar 53.097 pesos.
La explicación del ministro de Ambiente y Espacio Público es que los camioneros que trabajan en las empresas privadas cobran un sueldo mayor que el de los empleados municipales. Pero la razón, en realidad, es mucho más amplia, porque lo que diferencia un servicio de otro es el protocolo de trabajo y la exigencia del pliego de la licitación. Ambos ítems deberían ser similares para ambas zonas, pero no es así.
En el centro, que queda en manos privadas, todo está pautado. Hay horarios de recolección y la obligación de que exista una determinada cantidad de contenedores por metro cuadrado. En la Zona Villas, en cambio, el pliego no contempla tantas exigencias, aunque se le incorporó por primera vez la necesidad de recoger los residuos dos veces por día, a la mañana y al mediodía, que es cuando se recoge la basura de las esquinas.
Otro punto es que, como por arte de birlibirloque, en los últimos seis años las empresas vieron incrementados sus beneficios en un 425 por ciento, que significa un precio abusivo y una cierta pasividad de los funcionarios en el control del presupuesto. Estos precios saltaron desde los 455 millones que se pagaron en 2006 hasta los 2.395 millones que se pagaron en 2012. Por su parte, el costo del servicio que presta la Ciudad en la Zona Villas evolucionó desde los 58 millones que costaba en 2006 hasta los 138 que se pagaron en 2012. El aumento fue del 137 por ciento, aproximadamente.
La disparidad en el incremento nos habla de la diferencia que existe entre los costos técnicos y los costos inflados que presentan las empresas, que deberían ser auscultados con un poco más de rigor por los funcionarios estatales.
Alta conflictividad, baja eficiencia
Para empezar, Buenos Aires está muy sucia. Esto se debe no solo a la ineficiencia de las empresas sino también a la conducta desaprensiva de los porteños y los bonaerenses, que no respetan ninguna pauta de convivencia ni consideran de su responsabilidad mantener limpios los parques, las calles, las veredas y los edificios.
De todos modos, el año 2012 fue además particularmente conflictivo en el mundo gremial. En distintas ocasiones pararon los camioneros, que son los que recogen la basura, pero también hubo paro de los trabajadores de la Ceamse, nucleados en la Agoec, y de los cooperativistas que trabajan en los centros de separación del relleno Norte III. La acumulación de conflictos en esta área provocó que en demasiadas ocasiones no se recogiera la basura, que se amontonó en las esquinas porteñas como hacía mucho que no se veía.
Para agregarle dramatismo al asunto, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, debió emplazar varias veces a Mauricio Macri para que ponga en marcha el cumplimiento de la Ley 1.854, conocida como Basura Cero, sin mayor éxito hasta ahora.
Esto culminó con la inauguración de una planta MBT en el relleno Norte III, que se supone que aliviaría el problema, lo que desgraciadamente no ocurrirá, como veremos un poco más adelante.
Sin buen control no hay buen servicio
En el rubro de la inspección y control existe un problema que hasta ahora nadie quiso resolver. En tiempos de Fernando de la Rúa, la Facultad de Ingeniería se ocupaba de controlar la zona en la que operaba Cliba. Luego fue reemplazada –como no se explicaron las causas, todo hace suponer que fue por sensatas y filosóficas razones, todas ellas relacionadas con los negocios– por la empresa Iatasa Ambiental SA, que controlaba a duras penas lo que se hacía mal y justificaba rápidamente lo que se suponía bien hecho, aunque no lo estuviera.
La solución que encontró el Gobierno porteño para inspeccionar el resto de las zonas –algunas veces fueron cuatro, otras cinco, dependiendo de la administración que adjudicaba la concesión– fue contratar a una empresa que ya estaba en la Ciudad: Ceamse. Este organismo, que es el que recoge la basura de los Centros de Transferencia y la deposita en los Centros de Disposición Final, era el que estaba más a mano y quizás por eso fue el elegido para inspeccionar a las empresas recolectoras.
De esta manera, Ceamse se encuentra en los dos lados del mostrador. Primero transporta los residuos, los entierra y luego maneja los rellenos. Además, sus inspectores –siendo Ceamse una empresa estatal en la que la Ciudad tiene un director– deben calificar el rendimiento de las empresas que le entregan los residuos en los Centros de Transferencia. Así, estos funcionarios podrían quedar atrapados en un dilema de intereses, y esa es una razón suficiente para cancelar su participación en esta tarea.
Por otra parte, existe un Ente de Control de Servicios Públicos Privatizados que puede hacerse cargo del contralor. Adicionalmente, esta sería una buena oportunidad para que el Ente sirva para algo alguna vez, habida cuenta de su escasa actividad en el papel de supervisión que debería desarrollar, una actividad que jamás realizó.
Reducir, reciclar, reutilizar
Para que estos tres fundamentales objetivos se plasmen en una realidad tendría que existir la voluntad política de cumplir con la Ley de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos que lleva el número 1.854, más conocida hasta ahora como Ley de Basura Cero.
Desde que Mauricio Macri asumió el Gobierno porteño, la Ciudad pasó de transportar a los rellenos sanitarios de la Provincia 1.844.018 toneladas en 2008 a enviar 2.200.000 en 2012. Esto significa un incremento del 20 por ciento. El problema es que la Ley 1.854 exigía, en el cronograma de reducción del volumen a enterrar, que en 2012 se enviaran al centro de Norte III no más de 748 mil toneladas, por lo que los envíos llegaron por estos días al triple de lo permitido.
El problema se agrava si la respuesta del Gobierno porteño a esta problemática es la instalación del Centro MBT de reciclado en Norte III, porque los residuos llegan allí ya humedecidos por la basura orgánica, que los contamina previamente en los hogares, y esto los inutiliza para su posterior aprovechamiento. Por esta razón es que es necesario promocionar la separación de los residuos en origen, es decir, en los hogares.
El pueblo quiere saber
Los únicos aliados que le garantizan al Gobierno porteño que la Ley 1.854 se aplique alguna vez –y que deberían haber sido convocados desde el primer momento– son los porteños. Pero hasta ahora, Bolívar 1 no ha aprovechado su acceso a las escuelas que están bajo su control para concientizar a los chicos –ellos son los principales multiplicadores de las propuestas ambientales– sobre la necesidad de encarar las tres erres: reciclar, reutilizar y reducir.
Tampoco aprovechó el GCBA la distribución de las facturas de ABL, Patentes e Ingresos Brutos para adjuntar folletos explicativos acerca de la manera de utilizar los contenedores separados –para residuos secos y mojados– que se instalaron en los barrios, en los que la gente tira cualquier cosa, ya que desconoce para qué sirven. Ni siquiera hay todavía una campaña gráfica y audiovisual de concientización que vaya más allá de la inútil y costosa “Jugá Limpio”, que nunca nadie supo para qué sirvió.
No existe una campaña para concientizar a los porteños sobre el uso de los contenedores y la separación en el hogar de los residuos reutilizables, como papel, cartón, metales, plásticos, latas y pilas descartables, entre otros. A todo esto se le podría agregar la educación a la población para enseñarle las desventajas sobre ensuciar las calles y los lugares públicos, que es una gran deuda que los desaprensivos porteños tienen con su propio medio ambiente y que hasta ahora ningún gobierno encaró.
La administración del Pro ha implementado una serie de medidas que deberían –según el plan de Diego Santilli– reducir en un 30 por ciento el enterramiento hacia marzo de 2013, pero difícilmente se logren los objetivos si no se convoca a todos a trabajar.
La lógica de las empresas dominantes
María José Lubertino, legisladora porteña del Frente para la Victoria, expresó que “la Ciudad no va a estar limpia hasta que no se corte el gran negocio de las empresas, que han aumentado sus precios en un 425 por ciento en los últimos seis años sin nuevas licitaciones ni concursos de precios”.
Lubertino planteó que “sigue siendo un problema estructural de este pliego que no aparezca una coordinación clara entre recolección de residuos y recolección de sólidos. No hay cambio de conciencia en la lógica del sistema, no se pasa a una cultura de la no generación de residuos, del no enterramiento. El esquema de esta licitación sigue estando centrado en la cultura del enterramiento”.
Analizando la ideología que se puede entrever en el nuevo llamado a licitación, la legisladora kirchnerista denunció que “este pliego y la lógica del sistema de la actual gestión siguen cifradas en qué hacemos con la basura, y esta es un gran negocio de las empresas”.
Lubertino también cuestionó el rol del Estado en el acto de concesión, al que reclamó que “tiene que tener un papel de mayor conducción y educativo, no hay conciencia ciudadana y tampoco campañas de educación ambiental”. “Creo que la lógica de las empresas dominantes en recolección de húmedos es la de continuar depredando lo que debe ser recolectado y reciclado. Lo que mueve esta rueda, en conclusión, es el negocio de las empresas, que no priorizan que se generan menos residuos”, finalizó.