Durante la última semana de marzo, el juez correccional Luis Alberto Schelgel, resolvió declinar su competencia en tres causas penales sobre amenazas, en favor de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires al considerar que el segundo Convenio de Transferencia Progresiva de competencias penales, habría entrado en vigencia el pasado 23 de marzo.
Las causas radicaron en dos fiscalías: la Nº 3 a cargo de Marcela Solano y Adrián Martín; y la Nº 10 de Walter López y Elsa Miranda. Los fiscales coincidieron en las razones de sus dictámenes y señalaron que: "El convenio está en vigencia, pero que no son competentes ya que la fecha de inicio de las causas es anterior", señalaron fuentes de la fiscalía. Y agregaron, "El artículo 6 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, explicita que las autoridades tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable, para que agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía. Este es uno de los argumentos más fuertes que utilizaron los fiscales en sus dictámenes".
Según informaron fuentes del Ministerio Público, "el Fiscal General, Germán Garavano, no emitió un criterio de actuación para estos casos, los fiscales casualmente coincidieron en sus criterios; hay opiniones divididas".
Entre los fiscales, habría quienes considerarían que el Convenio no ha entrado en vigencia aún ya que sólo fue aprobado por la Legislatura porteña y faltaría la ratificación del Congreso Nacional. También hay opiniones coincidentes en su totalidad con el dictamen del juez Schelgel (el convenio está en vigencia y las causas serían competencia de la Ciudad), y varias -como los de las fiscalías vinculadas actualmente- sostienen que si bien el traspaso de competencias sería efectivo, en las tres causas puntuales no podrían aceptarlas debido a que la fecha de inicio es anterior a la entrada en vigencia del convenio.
El lunes 9 de abril, las causa ingresaron en dos juzgados contravencionales porteños: El juzgado Nº 19 cuyo titular es el Carlos Aostri; y el Nº 22 a cargo de Carmen Gabriela Zángaro.
Los jueces tendrán tres días hábiles para resolver si aceptan las causas o las rechazan. Fuentes judiciales informaron a nuestro medio que, "los jueces de la Ciudad tienen más razones para rechazarlas que para aceptarlas; pero habrá que esperar hasta el viernes para conocer los dictámenes y sus razones". Por su parte el juez Schelgel mantendría su postura sobre este tema lo cual llevaría el conflicto de competencias a la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces correccionales de la Ciudad provienen en su mayoría del fuero penal federal, y por lo tanto estarían aptos para entender en delitos penales de menor cuantía.
"El fuero Correccional está desbordado en sus actividades", comentó el Defensor General Jaime Mario Kestelboim, por este motivo se estarían girando competencias a la Ciudad aún cuando no ha sido aprobado el Convenio por el Congreso.
