Una de las grandes deudas que mantiene la Legislatura con la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, con todos los porteños, es la sanción de la Ley de Comunas, que permitiría la descentralización administrativa del distrito. Es decir, que la Ciudad se divida en sectores más pequeños – cuyo número podría variar, según los proyectos presentados, entre 8 y 16- para posibilitar una participación más directa de sus habitantes, ya sea en cuestiones netamente administrativas como políticas.
Luego de la reforma de la Constitución Nacional, la Ciudad de Buenos Aires dictó su propia Carta Magna. Allí se expresan los lineamientos generales y particulares para funcionar como una unidad política organizada legalmente. Dentro de ese marco, se proyectó la descentralización del poder central a través de la creación de las comunas y de la sanción de un presupuesto participativo, con el objetivo de crear unidades administrativas más pequeñas con gobiernos autónomos que pudieran atender eficazmente las problemáticas vecinales, democratizando el sistema de elección y participación ciudadana. El plazo constitucional para establecer las comunas fue fijado en la cláusula transitoria 17, que ordenó como fecha máxima para su implementación el 1 de octubre de 2001.
Convencidos de la necesidad de cumplimentar el título sexto de la Constitución, donde se determina la creación de las Comunas, y "frente a la crisis de representatividad y a la demanda ciudadana de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios elegidos por los ciudadanos", los vecinos de Villa Mitre, con la colaboración de distintos barrios de la Ciudad, presentaron un proyecto de iniciativa ciudadana en la Legislatura porteña, en el que plantean la creación de 47 comunas, una por cada barrio.
Según se afirma en la iniciativa, "Buenos Aires actualmente es la ciudad más antidemocrática de la República: una población de tres millones de personas está gobernada por un sólo representante ejecutivo. El establecimiento de las comunas haría posible construir un modelo de Estado diferente, donde la participación ciudadana tenga efectiva incidencia en el manejo de los recursos públicos y en la fijación de las prioridades que decidan los vecinos de esa unidad administrativa, mejorando el nivel de resolución de las problemáticas barriales y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad".
"El gobierno central y los legisladores -agrega el documento- desoyeron el mandato de la Carta Magna y por intereses personales y partidarios se niegan a cumplir el mandato de la ley máxima de la ciudad, pese al fallo del juez Juan Vicente Cataldo que ante una presentación ciudadana, con fecha 18 de noviembre de 2002, ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo avanzar en la sanción de la Ley de Comunas y el llamado a elecciones comunales. Ante esta grave falla institucional, es decir, no cumplir con el mandato constitucional y negar la potestad jurídica del Tribunal Supremo de la Ciudad, los representantes se sitúan en una posición arbitraria ilegal, negando los derechos de los ciudadanos que habitan en Buenos Aires".
En las justificaciones de la propuesta los vecinos aseguran que "es necesario que la participación ciudadana expresada en elecciones políticas se mantenga y perdure como garantía del cumplimiento de los mandatos expresados en las urnas, haciendo de la promesa electoral un deber insoslayable de quien se haya postulado a un cargo, utilizando la credibilidad del ciudadano como herramienta para impulsar su candidatura. Por ello es que en esta ley se impulsan mecanismos de participación y control que permiten una auténtica democratización y descentralización, siempre declamada por todos los gobiernos, aún los de facto, y jamás cumplida apuntando a reconstruir las vocaciones políticas de los ciudadanos a partir de la existencia de las comunas".
"También consideramos a las comunas como una forma de vida y una reconstrucción de la identidad ciudadana a partir del sentido de pertenencia a un espacio urbano con características propias y diferenciadas por su historia, modalidades, usos y costumbres de sus habitantes que hacen de la vida barrial una forma de convivencia unívocamente aceptada por sus vecinos, y que se manifiesta en el respeto recíproco hacia sus pares, con lazos solidarios que ayudan a mantener firme la cohesión social. Ese espacio territorial y social llamado Comuna debe ser respetado y valorado como un medio de perfeccionamiento de las instituciones políticas", concluyen los fundamentos del proyecto de ley.
