En el año 2001, la Defensoría del Pueblo elevó una recomendación a todas las autoridades porteñas competentes, advirtiéndoles que la Ciudad de Buenos Aires no estaba en camino de regularizar la situación de las antenas electromagnéticas que se instalan en este distrito. También le recomendó que se incrementen las medidas de control al respecto, ya que actualmente existe la resolución 902/98 de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros, que determina que ante la instalación de antenas se deberán cumplir definidos requisitos, entre los cuales se exigen diversos estudios estructurales. Si la antena fuera a instalarse en un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, el interesado deberá presentar, además, la autorización aprobada en forma unánime por todos los propietarios del edificio lo que deberá estar certificado por escribano público.
La norma, en la mayoría de los casos no se cumple por el escaso, o nulo "poder de policía" que tienen las autoridades porteñas y, por lo tanto, los vecinos de los pisos superiores -que naturalmente están más cercanos a sufrir las consecuencias de la contaminación que las antenas generan- deben lidiar con los consorcios y el resto de los propietarios a raíz de las abultadas sumas que ofrecen las empresas en concepto de alquiler del espacio. La Defensoría del Pueblo Adjunta en Medio Ambiente y Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Antonio Elio Brailovsky , denuncia, además, que tampoco se cumplen el resto de los requisitos locales. También le recomendó al Gobierno de la Ciudad que legisle sobre esta materia.
LA SALUD DE LOS PORTEÑOS ESTÁ EN JUEGO
La Organización Mundial de la Salud recomendó que se tomen medidas precautorias hasta que se expidan en forma determinante sobre el tema. Aconsejó que las antenas no se instalen a una distancia inferior a 30 metros de los seres humanos, lejos de centros asistenciales, guarderías infantiles y geriátricos, considerando que estas personas, no poseen defensas como un humano adulto y sano.
Existen varias asambleas de vecinos, entre ellas la de Independencia y Entre Ríos, que están preocupadas por la proliferación de antenas en sus barrios. Incluso se realizó una reunión entre vecinos y médicos del Hospital Santa Lucia para discutir sobre esta problemática.
ESPAÑA ESTÁ ALERTA
"Cada año se diagnostican entre 13 y 15 casos de cáncer infantil por cada 100.000 menores en España. Por ello, todos los expertos consultados coinciden en que el diagnóstico en 15 meses de cuatro casos en el colegio García Quintana de Valladolid, que tiene 450 alumnos, "se sale de lo habitual", expresa un articulo publicado el 11 de enero de 2002 en el diario "El País" de Madrid.. Los padres de los chicos que cursan en este colegio público español sospechan que la instalación de siete estaciones de telefonía fija junto a la escuela puede tener alguna responsabilidad en la aparición de cuatro casos de cáncer entre los alumnos (tres leucemias y un linfoma). Aunque reconocen que no hay evidencias para una relación causa-efecto, tampoco niegan que se pueda descartar a priori.
Juan Represa -asesor del Ministerio de Sanidad y del Consejo de Ministros de la Unión Europea- expresó al diario español que "si las antenas fueran la causa, teniendo en cuenta la proporción de niños, colegios y antenas que hay en sus cercanías en toda España, el número de casos debería estar entre los 600.000 y los 800.000". También la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia aseguró que no existe relación entre la exposición a campos de ondas electromagnéticas y la aparición de cánceres.
Sin embargo, Josep Ferrís, del grupo de Salud Medioambiental de la SEP, dijo que "es muy difícil encontrar una evidencia científica, ya que intervienen muchos factores. Todavía no ha transcurrido el suficiente tiempo para que se haya establecido la posible relación entre la telefonía y los cánceres". En tanto, "El País" afirma que "las radiaciones de baja frecuencia como la de los cables de alta tensión son una causa probada de cánceres".
NORMATIVA VIGENTE
Existen a nivel Nacional, recomendaciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones y el Ministerio de Salud de la Nación, con los números 202/95 y 530/00, que determinan las pautas de funcionamiento de las antenas que trabajan mediante ondas electromagnéticas. Las mismas admiten un nivel medio de emisión dentro del cual se minimiza el riesgo que significan para la salud -posibles enfermedades cancerígenas- dichas ondas.
Estas normas nacionales delegan en los gobiernos municipales la facultad de legislar sobre la ubicación de las antenas, dentro de su territorio. Los mismos deben determinar el lugar donde se pueden instalar y como deben ubicarse teniendo en cuenta cuestiones urbanísticas y relacionadas con la estructura de los edificios o inmuebles. Para poder llevar este control el municipio será el encargado de dar las habilitaciones correspondientes, en cuanto a lo que es de su competencia.
En tanto, la autoridad de aeronavegación competente debe impartir autorizaciones diversas teniendo en cuenta la altura que dichas antenas alcanzarán. Por lo tanto muchas empresas que instalan antenas en la Ciudad de Buenos Aires cumplen únicamente con las normativas nacionales, debido al vacío legal y la falta de control en este distrito.
