Llegó la hora. Este martes por la tarde, la Sala Juzgadora de la Legislatura porteña decidirá si destituye o no a Aníbal Ibarra. De alejarlo definitivamente del cargo de jefe de Gobierno, también podrá inhabilitarlo para desempeñarse en la función pública por un plazo de hasta diez años.
La sesión fue convocada para las 13. Habrá un fuerte vallado y el ingreso será por Perú 160. Allí se dispondrá un puesto de cacheo. Otro puesto similar se ubicará en la entrada del recinto. Los periodistas podrán entrar sólo con acreditaciones. Se espera que Ibarra ingrese por la entrada que da a Hipólito Yrigoyen.
La Policía Federal realizará un intenso despliegue alrededor de la Legislatura. En el interior del edificio, compartirán el control con el personal de Seguridad del establecimiento.
Se permitirá el ingreso de 50 familiares del grupo que impulsa la destitución del jefe porteño y de quince pro ibarristas. A su vez, las bancas se repartirán de la siguiente manera: quince para los miembros de la Sala, quince para sus asesores (uno por diputado), tres para la defensa, tres para los asesores de la defensa, tres para la fiscalía, una para Ibarra y las restantes 20 para los legisladores no integrantes de la Sala que quieran presenciar la sesión.
La votación será nominal. Primero se votarán los cargos contra el suspendido jefe de Gobierno. De alcanzarse los diez votos necesarios para su destitución, se procederá a decidir si se lo inhabilita o no. La fiscalía pidió una inhabilitación por diez años (el máximo establecido por la Constitución porteña), aunque podrán presentarse otras mociones por menos tiempo.
El final aún está abierto. Para que se alcance la destitución son necesarios 10 votos (dos tercios de la Sala), por lo que las abstenciones juegan a favor de Ibarra. El ibarrismo descuenta que tiene cuatro votos asegurados: los de Laura Moresi (Frente Grande), Norberto La Porta (Partido Socialista), Sebastián Gramajo (Frente para la Victoria) y Elvio Vitali (Frente para la Victoria). Necesita, al menos, dos votos -o abstenciones- más.
Las miradas estarán, entonces, puestas en el zamorista Gerardo Romagnoli, quien denunció que el juicio era un "circo" y renunció a la Sala, pero su dimisión luego fue rechazada y su decisión final aún es incierta; en el kirchnerista Helio Rebot, quien siempre se mostró crítico con el suspendido jefe de Gobierno y no había definido su voto; en María Florencia Polimeni, radical independiente que asumió por el macrismo, quien el jueves pasado debió iniciar reposo -está embarazada de ocho meses- tras un pico de stress; en Beatriz Baltroc (Autonomía Popular), sobre quien un sector de los familiares denunció que había recibido presiones de Chacho Álvarez, y en Daniel Amoroso, diputado por el macrismo y titular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, quien, según estos mismos familiares, habría recibido presiones del superintendente de Servicios de Salud, el albertista Héctor Capaccioli. Por su parte, a los dos diputados del ARI (Facundo Di Filippo y Guillermo Smith), Lilita Carrió les dio "libertad de conciencia" y hay quienes sueñan con que alguno se incline por no destituir a Ibarra.
Las denuncias por los casos de Baltroc y Amoroso fueron realizadas por el grupo de familiares que comanda José Iglesias el lunes por la tarde, en la Plaza de Mayo (ver nota aparte). La movida, es leída por el ibarrismo como una jugada para condicionar el voto de ambos. También, desconocidos atacaron la ex vivienda de Baltroc, donde ahora vive un hijo de la diputada: rompieron vidrios, escribieron pintadas insultantes y, según denunció ésta, realizaron amenazas por el portero eléctrico.