Pese al respaldo inicial que tuvieron las resoluciones por las cuales se inició el proceso de juicio político contra los consejeros María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, Juan De Stéfano, Carlos Rosenfeld y Bettina Castorino, este lunes la Sala Acusadora de la Legislatura porteña no reunió los votos suficientes para que fueran suspendidos en sus funciones hasta tanto se expidiera la Sala Juzgadora. De esta manera, se pone fin a un proceso que comenzó el 4 de noviembre del año pasado.
Tal como anticipó esta agencia, la Legislatura rechazó las nulidades planteadas por Iráizoz, Juan De Stéfano y Bettina Castorino, pero en la Sala Acusadora no se lograron los 30 votos positivos (de un total de 45 miembros) para poder continuar con el proceso de juicio político.
A raíz de las múltiples votaciones que se realizaron, dado que se analizó causal por causal y consejero por consejero, es difícil precisar los resultados parciales. Sin embargo, en líneas generales, ninguno de los cargos esgrimidos contra los consejeros obtuvo más de 19 votos positivos. En cuanto a los votos negativos, no sumaron más de 14.
En todos los casos, hubo una abstención por parte de la diputada kirchnerista Ana María Suppa, quien argumentó su postura: "Creo que el juicio político no resuelve el problema que tiene el Consejo de la Magistratura desde hace muchos años".
Es necesario mencionar que hubo una escasa presencia de los miembros de la Sala Acusadora, aunque este tema bien merecía una concurrencia nutrida. "La verdad es que es lamentable que no hayan estado presentes cuando el tema lo ameritaba. No entiendo las ausencias de algunos diputados que se rasgan las vestiduras hablando de la moral, la transparencia y las buenas costumbres pero no aparecen en días como éste", afirmó un legislador macrista visiblemente enojado con algunos colegas, dado que por esta reunión Propuesta Republicana suspendió la presentación de sus candidatos.
Los hechos constitutivos de la causal de mal desempeño determinados por la Comisión Investigadora que preside el diputado macrista Marcelo Godoy (Compromiso para el Cambio) fueron seis, pero sólo se aplicaron cuatro. El primero de ellos es la compensación de los consejeros fijadas en violación a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 31 y la cláusula transitoria 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el cual se acusaría a todos los consejeros. Sobre este punto, hay un fallo de primera instancia que condena esta práctica pero estaría por expedirse la Cámara respaldando lo realizado por los consejeros ya que sostiene que la Ley 31 no es clara al respecto.
En segundo lugar, se encuentra la falta de cobertura de cargos empleados y funcionarios del Consejo de la Magistratura, Juzgados, Cámaras y Ministerio Público conforme al sistema de concurso público y falta de regularización por el mismo sistema del personal ingresado con anterioridad al 18 de diciembre de 2002, que también se aplicaría a todos.
El tercer hecho estaba dado por la probable negligencia, impericia y/o falta de idoneidad en la gestión del Consejo de la Magistratura. En ese sentido, se menciona el sobredimensionamiento del Consejo de la Magistratura en detrimento de los Juzgados y Ministerio Público; la subejecución presupuestaria en los años 2003 y 2004; la posible negligencia en la tramitación y satisfacción de las necesidades en materia de insumos y problemas edilicios de los juzgados y ministerios públicos; la violación de la publicidad de los actos de gobierno al no cargar en el SISER la ejecución presupuestaria; la asignación e incrementos salariales en forma discrecional y la falta de estructura salarial; y la falta de implementación de adecuadas medidas de seguridad para prevenir la comisión de hechos delictivos dentro del ámbito del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, se encuentran las contrataciones, el control interno y las registraciones contables, sin tener en cuenta la normativa vigente.
En total, la Comisión elaboró cuatro dictámenes. El de mayoría -firmado por ocho legiladores (Godoy, Jorge San Martino, Martín Borrelli, Jorge Enríquez, Miguel Talento, Daniel Betti, Rubén Devoto y Álvaro González)- aconseja a la Sala Acusadora el juicio político a los cinco consejeros, aunque por distintas causales.
Otro dictamen, elaborado por los diputados Fernando Melillo (ARI) y Ariel Schifrin (Confluencia) sostiene que es procedente un recurso de nulidad solicitado por varios de los consejeros, ya que la Legislatura "se arrogó facultades de la Sala Acusadora" al votar la apertura del proceso de juicio político. Ocurre que la votación que dio inicio al proceso la realizó el pleno de la sala, por lo que podría considerarse que hubo prejuzgamiento de parte de los miembros que componen la Sala Juzgadora. Además, la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora aún no había sido conformada.
Melillo y Schifrin también afirmaron que los cinco consejeros acusados no incurrieron en mal desempeño. Ambos consideran que este Consejo tuvo que actuar en un proceso de transición, y que sus integrantes heredaron una situación caótica de la anterior composición, conducida por Juan Octavio Gauna, cuya gestión está sospechada de corrupción. Sobre esta última, pesa sobre ella una causa judicial que tramita en el juzgado a cargo de Ricardo Warley.
El dictamen firmado por los kirchneristas Silvia La Ruffa y Diego Kravetz (Frente para la Victoria) también aconseja el juicio político pero excluye de la nómina a Rosenfeld. En tanto, el dictamen de la diputada Sandra Dosch (Frente Grande) desestima los cargos formulados contra los consejeros y pide el archivo de las actuaciones.
Cabe mencionar que, en un principio, también se había cuestionado a María Celia Marsili, pero ésta renunció a su cargo en el Consejo de la Magistratura, por lo que el proceso en su contra no siguió su curso. En su reemplazo, asumió Jorge Caputo pero el flamante consejero decidió dimitir a ese puesto este martes, por lo que el Consejo quedó con dos integrantes menos de los que debería tener, ya que -junto con Marsili- había renunciado Carlos Balbín y no fue reemplazado.
Antes de culminar con la exposición de las causales, Borrelli agregó: "Hace minutos me enteré de una modificación realizada por los consejeros al Reglamento por la cual se establece que el personal de planta transitoria será sometido a una prueba a fin de pasar a planta permanente. De no realizarse este examen por problemas administrativos, serán nombrados automáticamente. El plazo para realizar la prueba es de un año, pero del mismo ya transcurrieron siete meses y aún no hay ningún examen hecho".
Al respecto, De Giovanni aseguró que este hecho es "cuando menos, desprolijo".
Una vez finalizada la sesión de la Sala Acusadora, fueron varios los diputados que pidieron la palabra para felicitar a Godoy y varios de los integrantes de la Comisión Investigadora por el arduo trabajo realizado. También se hizo una mención especial a todos los asesores que estuvieron trabajando en los expedientes.
