Después de sesionar por espacio de diez horas -este martes de reanudó la sesión, tras pasar a cuarto intermedio el martes último- y de discutir punto por punto los 16 artículos del proyecto, de los cuales finalmente se suprimieron dos de ellos, los diputados porteños sancionaron la creación del Registro de Administradores de Edificios de Propiedad Horizontal.
La discusión que ocupó dos sesiones especiales del parlamento de la Ciudad de Buenos Aires no se destacó por su brillantez. El que alguna vez creó la metáfora de "discusión bizantina" se hubiera sentido reconfortado si hubiera presenciado ambas sesiones. Los legisladores recorrieron todos los caminos que llevan al lugar común de la chicana. Incluso alguno -como los jugadores del equipo que va ganando o empatando con otro más poderoso y se tiran al piso fingiendo una lesión para que corra el reloj- pidió la palabra cada vez que se votaba un artículo para argumentar en contra, generando el hastío y el malhumos de los demás.
El martes 26 de noviembre los legisladores habían aprobado siete artículos de la ley. Luego de una larga discusión, se aprobó sin modificaciones el cuestionado artículo octavo, por el cual se estipulan las exigencias a los administradores para que puedan ejercer su trabajo.
El artículo noveno fue también aprobado, a pesar de que el diputado Julio Crespo Campos opinó -erróneamente- que este artículo creaba la obligación para los consorcios de informar al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta Horizontal (SUTERH) acerca de la afiliación de los encargados de sus edificios.
Los artículos décimo y undécimo, que instituían la obligación para los administradores de contratar un seguro para cubrir eventuales incumplimientos en el pago de impuestos o servicios por parte de ellos mismos, fueron eliminados totalmente del cuerpo de la norma.
Esta decisión de los diputados le quitó a la ley gran parte de su razón de ser. Sólo quedó en pie, entonces, el propio registro, ya que el resto del articulado estaba referido sobre éstos.
Luego de ser aprobado el artículo doce del proyecto -que en la versión definitiva de la ley llevará el número diez-, la diputada Alicia Pierini -cuando se votaba el artículo trece- cuestionó que se disponga que sea el Poder Ejecutivo la autoridad de aplicación de un contrato entre dos personas jurídicas, como es el caso de los consorcios y las empresas administradoras.
Este artículo fue aprobado finalmente con dos modificaciones que propuso el diputado Jorge Enríquez (UCR), referidos a los incisos a y b, que instituirán el apercibimiento a los administradores y el monto de las multas cuando cometan diversas infracciones, respectivamente.
Finalmente, se aprobaron los tres artículos y las tres cláusulas transitorias restantes, cuando ya los diputados mostraban más interés en la sesión de la Comisión de Presupuesto, que debía comenzar en minutos -ya eran más de las 18, la hora fijada para ésta- en el cercano Salón Montevideo de la Legislatura.
AVATARES
Cuando los asistentes a la sesión se retiraban, en las puertas del recinto se producía una imagen de la paradoja: el diputado Julio Crespo Campos dialogaba amablemente con el presidente de Reunión de Administradores, Jorge Hernández.
El 11 de junio último, mientras se desarrollaba una sesión conjunta de la Comisión de Justicia y la Junta de Ética para decidir el nombramiento del ex juez Luis Cevasco como fiscal general adjunto de la Justicia porteña, Hernández se hizo presente para cuestionar esta designación, ya que que Cevasco fue el primer juez que tuvo la causa por el asesinato de su hija, Jimena Hernández.
Fue entonces que Crespo Campos, enterado por una infidencia de que Hernández tenía tres pedidos de captura en diversas causas relacionadas con el juicio, se comunicó con la policía federal, que lo detuvo en las inmediaciones de la Legislatura. Este martes, los avatares de sus respectivas profesiones los reunieron en el recinto, defendiendo una posición común.
