En el ex PADELAI aún no está dicha la última palabra

En el ex PADELAI aún no está dicha la última palabra

Socios de la cooperativa que en 1990 firmó un acuerdo con la Municipalidad para obtener la propiedad del 70 por ciento del edificio del ex PADELAI se reunieron en asamblea y votaron una nueva Comisión Directiva. Para certificar el acto debieron concurrir un escribano y un veedor de la Defensoría del Pueblo porteña, ya que los libros de actas se encuentran desaparecidos y desde hace casi tres años el INAES no les otorga los nuevos. Esta maniobra, la falta de voluntad gubernamental para reciclar el edificio y las cuestionadas pericias que dictaminaron el desalojo de sus habitantes -en este momento investigadas por la Justicia penal- difunden las sospechas de que detrás del mismo se esconde un gran "negocio" inmobiliario


Los desalojados del ex Patronato de la Infancia (PADELAI) no se resignan a perder el inmueble que, según aseguran, les corresponde por ley. El jueves de la semana pasada, 27 miembros de la cooperativa que en 1990 suscribió un convenio por la propiedad del 70 por ciento del edificio, nombraron a una nueva Comisión Directiva y decidieron continuar con las presentaciones judiciales necesarias para lograr la restitución del predio, tras el violento desalojo sufrido por los habitantes del ex PADELAI el 25 de febrero pasado.

La próxima asamblea de socios cooperativistas se desarrollará el mes que viene. Allí se discutirán estrategias como la de continuar exigiéndole al Gobierno porteño que cumpla con el convenio o encarar por cuenta propia las obras de restauración del edificio a través de alguna empresa que se ofrezca a realizar el trabajo. Para esto los miembros de la cooperativa necesitarán la autorización de un juez que además le exija al Gobierno de la Ciudad que le pague a la compañía que haga la obra sus costos de realización.

Las autoridades designadas en la asamblea fueron: Pablo Soto (presidente), Carlos Vargas (secretario), José Flores (tesorero), Pedro Berdón y Osvaldo Salinas (vocales), Julia Bassi y Nicolas Vargas (vocales suplentes), Elverilde Sandoval (síndica) y Elena Medina (síndica suplente). Durarán tres años en sus ejercicios. La normalización de la cooperativa es un importante avance de los desalojados del ex PADELAI, ya que de su existencia depende que se les reconozca la propiedad del inmueble.

RUMBO AL DESALOJO

La Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo nació entre los años 1989 y 1990. Se conformó entre la gente que había ingresado al edificio a mediados de la década del 80, luego de que en 1984 dejara de funcionar allí el Patronato de la Infancia. Al poco tiempo de su formación suscribió un convenio con la por entonces Municipalidad de Buenos Aires, gobernada en ese momento por el intendente Carlos Grosso, para la refacción del edificio y la adjudicación de unidades ambientales que se construirían en su interior.

Se acordó que la propiedad del inmueble se repartiría de la siguiente manera: un 70 por ciento para la cooperativa y un 30 por ciento para la intendencia porteña. De ese último 30 por ciento, un 5 por ciento quedaría para Espacio Público y el otro 25 por ciento se destinaría a la explotación comercial del edificio a través de la construcción de locales que la Municipalidad alquilaría dándoles prioridad a los habitantes del inmueble. Cada familia que accediera a un departamento pagaría, a partir de su adjudicación, el precio estipulado dividido en 240 cuotas. Este convenio fue ratificado por la ordenanza 44.838 el 30 de diciembre de 1990, promulgada el 18 de enero de 1991 y publicada en el Boletín Municipal N° 18.965. Luego la Legislatura de la Ciudad ratificó nuevamente la normativa, por lo que aún está vigente.

El proyecto de reciclado del edificio previsto nunca se realizó. El 10 de mayo de 2000, el por entonces jefe de Gobierno Enrique Olivera firmó el decreto 680, mediante el cual se creó una Unidad Ejecutora cuyo fin sería "proponer una solución definitiva a la situación de los ocupantes del complejo edilicio identificado como ex PADELAI". En sus considerandos el decreto dice que la "Unidad Ejecutora debe tener competencia para celebrar con los ocupantes convenios de desocupación, acordándoseles la posibilidad de acceder a una vivienda ya sea a través de crédito o de un subsidio". Cuatro meses después, con Aníbal Ibarra al frente del Gobierno de la Ciudad, el Poder Ejecutivo porteño publicó, con fecha del 20 de septiembre, un nuevo decreto: el 1621/00. Mediante el mismo se dispuso la consecución de los fondos para implementar la operatoria de desocupación del ex PADELAI.

Con ese fin, el artículo 1 de ese decreto autorizaba a la Secretaría de Promoción Social para que procediera, a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la firma de un convenio de préstamo con el Banco Ciudad por la suma de 1.500.000 pesos. El artículo 2 conminaba a efectuar una reasignación de créditos presupuestarios en la mencionada secretaría por la suma de 500.000 pesos y en la Secretaría de Planeamiento Urbano – CMV por 1.000.000 pesos.

El artículo 3 autorizaba a la Secretaría de Promoción Social para que firmara un convenio de administración con el Banco Ciudad por un monto de 3.000.000 a los efectos de que dicha entidad financiera procediera a la administración de ese dinero destinado a la operatoria ex PADELAI. El artículo 4 aprobaba el modelo de "convenio de desocupación" que, como anexo, figuraba en el decreto. El mismo establecía la renuncia a todos los derechos de propiedad sobre el edificio de todos los ocupantes que lo suscribieran. A cambio se promovía, según el caso, la entrega de un subsidio, un crédito o un inmueble en comodato. Finalmente, el 27 de diciembre de 2002 -dos meses antes de producirse el desalojo-, un nuevo decreto, el 1739, facultó a la Secretaría de Desarrollo Social a otorgar a los ocupantes del ex PADELAI los subsidios aprobados por el decreto 1621. Algunos aceptaron y perdieron sus derechos pero otros no lo hicieron y continúan reclamando.

"Lo que se tendría que haber hecho con ese dinero era refaccionar el ex PADELAI, construir departamentos en el edificio y hacer obras de mantenimiento. Ésa era la solución habitacional que la normativa había establecido para sus habitantes. En cambio desde el Gobierno porteño promovieron el desalojo del inmueble", afirmó a NOTICIAS URBANAS el abogado César Augusto Arias, integrante de la Asociación Carlos Cossio, el estudio que representa judicialmente a la cooperativa del ex PADELAI.

Qué pasó con ese dinero es uno de los ejes de un pedido de informes al Gobierno porteño que la diputada Alicia Pierini (PJ) presentó el 10 de marzo en la Legislatura. Los otros dos puntos sobre los que el Ejecutivo deberá contestar, si el proyecto resulta aprobado, tienen que ver con la situación actual de los desalojados y los responsables de la represión desatada durante el procedimiento de desocupación por la fuerza del edificio.

PERICIAS CUESTIONADAS

El todavía no aclarado destino del dinero para los convenios de desalojo y una presunta falsedad ideológica de las pericias que finalmente lo determinaron motivaron que el estudio de abogados al que pertenece Arias denunciara penalmente al Gobierno de la Ciudad el 3 de febrero de este año. En la causa, que se tramita en el Juzgado Nacional de Instrucción Nº 16, a cargo de Marcelo Layus -secretaría Rofrano- están imputados el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass; la titular de la Unidad Ejecutora Nº 3, Alicia Vasconcellos; el subsecretario de Gestión Operativa de la Secretaría de Hacienda, Fernando Calvo y el escribano general de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Víctor Gaitán.

El 15 de noviembre de 2002 Ibarra firmó el decreto 1525 mediante el cual instruyó "a la Procuración General de la Ciudad a iniciar acciones legales para la desocupación urgente, por riesgo de derrumbe, del inmueble del ex PADELAI; a la Unidad Ejecutora ex PADELAI a reubicar a los ocupantes y a la Subsecretaría de Seguridad a evitar la reocupación del predio".

La decisión se basó en un informe del asesor tutelar ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad que aseguraba que había riesgo potencial de desmoronamiento del edificio. Pero, sobre todo, se sostuvo en un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA que señalaba que "todas las construcciones existentes en el predio" debían "ser demolidas a la brevedad". Dos meses más tarde, el 16 de enero de 2003, el Gobierno de la Ciudad emitió el decreto 49 y ordenó a través de éste el desalojo del edificio.

La medida estuvo a punto de ser ejecutada el 30 de enero pero fue suspendida por un fallo del juez Roberto Gallardo, quien, durante la feria judicial, tuvo que dictaminar acerca de un recurso de amparo interpuesto por los ocupantes que querían evitar la demolición. El magistrado dispuso una medida de no innovar luego de inspeccionar el predio junto a un grupo de integrantes del cuerpo de bomberos, quienes informaron que no hacía falta realizar el desalojo porque no había un inminente peligro de derrumbe. "Ocho días después -recordó Arias- el juez sobre el que recayó el expediente (Hugo Ricardo Zuleta) revocó la medida de no innovar basándose en un segundo informe que fue ordenado por él sin haberle dado conocimiento a las partes. El mismo contradijo totalmente al primero, aunque fue suscripto por las mismas personas del mismo cuerpo de bomberos. Este hecho lo está investigando el juez Layus", sostuvo Arias. Finalmente el 25 de febrero se realizó el desalojo y se registró una fuerte represión sobre los vecinos que decidieron no abandonar el inmueble.

Arias cuestionó también la validez del primer estudio realizado por la UBA. "La Ley de Procedimiento Administrativo -afirmó- dice que el informe tiene que ser realizado por el cuerpo técnico de la Administración y Gonella (el ingeniero lo llevó adelante) no pertenece a la planta del Gobierno de la Ciudad, por más que exista un convenio con la UBA".

El letrado remarcó que, además, hay otro análisis realizado por el perito judicial Nazar Anchorena, que concluye que el edificio debe ser restaurado pero que no corre riesgo de derrumbe.

La causa por el desalojo del ex PADELAI, antes de llegar a manos de Zuleta, había recaído en el juzgado de Patricia López Vergara pero ésta fue recusada por los abogados del Gobierno de la Ciudad por haber emitido opinión previa. Sucede que ella también acudió a inspeccionar el edificio y, según relató Arias, habría comentado en voz alta que "no había nada apuntalado", algo un tanto extraño para un edificio del que se decía que estaba a punto de caerse.

Cabe recordar que por ley el Gobierno de la Ciudad sólo podía llevar adelante el desalojo para preservar la vida de los inquilinos ante un real peligro de desmoronamiento. Por ese motivo y ante la sospecha de falsedad en las pericias, el juez nacional Layus dispuso que se realicen nuevos peritajes a cargo de Gendarmería, que aún no han finalizado.

LIBROS QUE SE PIERDEN

El órgano que lleva el control de los socios de la cooperativa del ex PADELAI es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). En el 2000 se "perdieron" los libros en los que se debe asentar todo lo que la cooperativa decide en las asambleas. El anterior presidente de la cooperativa, Atilio Ramos, está imputado en una causa que se inició por el robo de las actas. Ésta se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 2 y no puede avanzar porque Ramos está prófugo. Se dice que por la sustracción de los documentos alguien interesado en adueñarse del ex PADELAI le habría pagado al presunto ladrón 50.000 pesos más la dentadura postiza. Lo cierto es que a los socios de la cooperativa aún hoy el INAES no les ha otorgado nuevos libros rubricados, imprescindibles para darle visos de legalidad a sus decisiones. Los vecinos denuncian que, mediante este artilugio, se intenta desde hace años hacer desaparecer a la cooperativa ignorando sus asambleas.

"Desde el 2000 que estamos pidiendo que nos entreguen los libros, pero la ‘fuerza radical’ nos lo impide", manifestó a NOTICIAS URBANAS el flamante presidente de la cooperativa, Pablo Soto. Cabe remarcar que la ley obliga al INAES a prestar asistencia jurídica a la cooperativa y también a brindar educación sobre la labor del cooperativismo. La sospecha que comparten tanto los vecinos del PADELAI, como los abogados de la Asociación Carlos Cossio y también algunos legisladores porteños, es que detrás del desalojo del ex PADELAI se esconde un "negocio" inmobiliario de proporciones millonarias.

Para evitar cuestionamientos sobre lo decidido en la asamblea que nombró a la nueva Comisión Directiva de la Cooperativa, los socios que participaron de la misma contaron con la presencia de un escribano y de un veedor de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.

MIL PESOS DE MULTA POR DÍA PARA IBARRA

"El 25 de febrero la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad le ordenó al Gobierno porteño que no dispusiera del inmueble y que le garantizara a las personas desalojadas condiciones dignas de habitabilidad. Por ejemplo, las familias no debían ser separadas ni tampoco alejadas de sus pertenencias" , explicó Arias.

"La Cámara -continuó el letrado- le impuso una multa de 1.000 pesos a Ibarra, a título personal, por cada día de incumplimiento. El jefe de Gobierno apeló la resolución el 26 de febrero a través de un recurso de reposición (en este caso la apelación la debe resolver el mismo tribunal que falló y no una instancia superior). Los plazos para que la Cámara ratifique o rectifique su dictamen ya se encuentran vencidos sin que ésta se haya expedido al respecto", finalizó el abogado.

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