De prosperar un proyecto de ley del legislador porteño, Eduardo Peduto (Frente Grande), tanto el jefe de Gobierno de la Ciudad, los subsecretarios, los secretarios y las autoridades máximas de los entes descentralizados del Poder Ejecutivo, como los funcionarios o los magistrados designados con acuerdo de la Legislatura, los jueces del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Magistratura y del Colegio de Auditores, y los diputados de la Ciudad, no podrán tener activos financieros fuera del país.
La iniciativa parlamentaria "nació, fundamentalmente, de la necesidad de dar satisfacción a las demandas de nuestra sociedad que exige una congruencia entre las conductas públicas y privadas del conjunto de los funcionarios que los gobiernan y representan", según expresa Peduto en un comunicado de prensa.
El proyecto otorga 30 días de plazo a los actuales poseedores de cuentas corrientes, cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo, cajas de seguridad, o cualquier otro activo, en entidades bancarias o financieras del exterior, para que se desprendan de ellos.
"Quien adquiere frente a la sociedad de la que forma parte -afirmó el legislador frentegrandista-, el compromiso de ejercer una función pública en cumplimiento de un mandato, no puede ni debe adoptar conductas que reflejen un doble mensaje tácito: por un lado, asume una cuota parte del ejercicio del poder público para mejorar las condiciones concretas de existencia del pueblo que se la delegó, y por otro lado, ejerce un escepticismo activo y saboteador del desarrollo de las fuerzas productivas y sociales componentes de aquel soberano".
