Este jueves la Legislatura porteña aprobó por 41 votos afirmativos y 12 negativos el artículo 78 del nuevo Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando entre en vigencia, todo aquél que impida u obstaculice la circulación de vehículos en la vía pública o espacios públicos, será sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 1.000 pesos.
El artículo también establece que "el ejercicio regular de los derechos constitucionales de peticionar y de reunión no constituye contravención. A tal fin deberá, con razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las indicaciones de ésta -si las hubiera- respecto al ordenamiento".
Por 30 votos afirmativos y 23 negativos no se pudo incluir una propuesta del diputado Helio Rebot que decía que "en el supuesto de esta conducta el organizador será sancionado con 400 a 2.000 pesos de multa o uno a cinco días de arresto".
Rebot, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, destacó la labor realizada por la Comisión Redactora del Código de Consenso, que integró junto a los diputados Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad), Silvia La Ruffa, Miguel Talento (Frente para la Victoria) y Paula Bertol (Compromiso para el Cambio).
El diputado macrista también solicitó la modificación del texto acordado porque no se contaba con los votos necesarios (31) para la aprobación del artículo. El cambio fue a pedido de Talento, quien finalmente votó afirmativamente y posibilitó la aprobación de la disposición. Se eliminó la palabra "personas", por lo que sólo se penará la obstaculización de la circulación de vehículos, se sacó el plazo de 24 horas de aviso previo y la pena de arresto.
Es que si bien Mauricio Macri había comprometido el voto favorable a este artículo de los 22 legisladores que integran el interbloque que el lidera políticamente, la diputada Sandra Bergenfeld (Juntos por Buenos Aires) decidió votar negativamente este punto.
Bergenfeld señaló: "Me parece que estamos olvidando el fenómeno del cacerolazo que no sólo hizo caer un gobierno sino que también recorrió el mundo y, de hecho, fue imitado en las principales ciudades. También me pregunto cuál es el límite a la ruptura del contrato social que se impuso en nuestro país y que llevó a la pauperización del pueblo y al avasallamiento del derecho de propiedad. Creo que la seguridad, el hambre, la salud, la extinción social, el derecho de propiedad son problemáticas sin respuesta, por lo que limitar el reclamo y la lucha por los derechos en la calle no solucionará la exclusión de la que somos víctimas".
El diputado porteño Ariel Schifrin (Confluencia) señaló que "con el texto que se propone se introduce una reglamentación al derecho de peticionar a las autoridades. Se está pidiendo 24 horas de anticipación para avisar de una movilización cuando generalmente son movimientos espontáneos. Es una intromisión que no voy a apoyar".
Vilma Ripoll, de Izquierda Unida, afirmó que "siempre hay colisión de derechos en estos temas. (Mauricio) Macri quiere que la gente común gane la calle, y yo quiero que la gente común tenga trabajo".
Ripoll, junto a los diputados Beatriz Baltroc, Mónica Bianchi, Tomás y Rubén Devoto, presentó una contrapropuesta que incluye "despenalizar las protestas sociales, regular la venta ambulante con criterio inclusivo y derogar la prostitución como contravención, endureciendo, en cambio, las penas a las faltas graves de tránsito reiteradas". Ripoll hizo una propuesta de texto alternativo que obtuvo 23 votos afirmativos y 29 negativos.
Por su parte, el vicepresidente tercero de la Legislatura, Carlos Araujo (Unión para Recrear Buenos Aires), propuso que se agregara que "se eleva la sanción al doble cuando el sujeto utilice elementos que dificulten su individualización o tenga en su poder objetos contundentes o elementos destinados inequívocamente a ejercer la violencia".
El presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires), sostuvo que "en estos días se ha convenido que las mayorías estén a expensas de las minorías. Por eso nosotros queremos que la multa en caso de obstruir la vía pública sea de 1.000 a 5.000 pesos o 5 a 15 días de arresto, más el agregado de Araujo". Esta propuesta fue votada pero obtuvo sólo 18 votos afirmativos, contra 36 negativos.
El presidente del bloque Juntos por Buenos Aires, Jorge Mercado, afirmó -como es su costumbre- que no pensaba hablar, pero finalmente decidió hacerlo porque "es mentira que queremos reprimir la pobreza. Esta crítica es producto de la falta de argumentos. Nosotros sólo queremos orden en una Ciudad que hace mucho tiempo que lo perdió".
Laura Moresi, presidenta del bloque del Frente Grande, expresó: "Estamos a favor del orden en la vía pública, pero no estamos de acuerdo con la pena de arresto, porque hay muchas figuras penales que se pueden aplicar en los cortes de calles o rutas".
Fernanda Ferrero, presidenta del mismo bloque, manifestó: "Tengo una postura bien definida, basada en el sentido común. El derecho de cada ciudadano termina donde empieza el derecho del otro, por eso debemos ordenar las manifestaciones y de esta forma evitar que se desarrollen cortes innecesarios de calles, provocando caos en el tránsito y molestias a los peatones".
En tanto, Daniel Betti (Bloque del Sur) aseguró que "este Código debería llamarse el baile del zambito. Porque es un pasito para adelante, un pasito para atrás, un pasito para el costado. Tardaron nueve sesiones en reunirse para poder tratar el Código, nueve horas en aprobarlo en general, tres sesiones más para aprobarlo en particular. Un pasito para adelante, un pasito para el costado, un pasito para atrás". Sin embargo, el bloque decidió quedarse en el recinto a diferencia de las sesiones anteriores donde se retiraron ni bien comenzó la sesión.
Fernando Melillo, presidente del bloque del ARI, volvió a manifestar que éste Código era discriminador porque en muchas contravenciones sólo se tienen en cuenta la pena de multa o arresto, pero reivindicó el trabajo de la Comisión Redactora del Código de Consenso porque "se trabajó seriamente para acercar posiciones aunque en algunos puntos no se haya logrado, incluso logramos introducir en varios artículos el trabajo de utilidad pública".
Mediante un comunicado, el diputado socialista Roy Cortina, ausente en la sesión, aseguró que "es un error haber convalidado la discusión en particular que, indudablemente, legitimó las aspiraciones del macrismo para el corrimiento a la derecha del Código. Voy a pedirle al jefe de Gobierno que vete todo lo referido a las restricciones en materia de manifestaciones en la vía pública y todo lo que perjudique a los miles de vendedores ambulantes de nuestra Ciudad".
