La izquierda, contra el Régimen de Responsabilidad Fiscal

La izquierda, contra el Régimen de Responsabilidad Fiscal

Los legisladores de izquierda se opusieron en duros términos a la posible aprobación legislativa del proyecto que propone la adhesión de la Ciudad al Régimen de Responsabilidad Fiscal. la iniciativa se debatirá en la sesión de este jueves y cuenta con los avales del ibarrismo y el macrismo


El interbloque de Izquierda de la Legislatura, que integran Sergio Molina, Susana Etchegoyen, Daniel Betti, Marcos Walman, Héctor Bidonde, Beatriz Baltroc, Tomás y Rubén Devoto, dio a conocer su oposición al proyecto que se debatirá este jueves 23 en el Palacio legislativo, acerca de la adhesión de la Ciudad al Régimen de Responsabilidad Fiscal, iniciativa que es apoyada por el ibarrismo, el macrismo y el socialismo.

"La lógica que sustenta la adhesión a este régimen surge de la artillería teórica neoliberal de disminuir lo público respecto de lo privado, donde se observa al gasto público como una fuerza distorsiva y se intenta reducirlo a su mínima expresión. La aplicación de políticas neoliberales en nuestro país (Consenso de Washington, Ajustes Ortodoxos del FMI, Estado Mínimo Eficiente, Privatizaciones de sectores estratégicos, etc.), con mayor fuerza a partir de 1976, ha devastado la riqueza nacional, producto del trabajo de millones y ha sumido en la pobreza a la mitad de la población", manifestaron a través de un comunicado los diputados al dar las razones de su oposición a la iniciativa parlamentaria.

El escrito finaliza señalando: "Esta ley forma parte de un nuevo capítulo de renuncia a la soberanía nacional, aceptando imposiciones motorizadas desde el FMI y mutila la posibilidad de llevar adelante políticas fiscales anticíclicas, de distribución y de generación de riqueza social. El superávit fiscal del Gobierno de la Ciudad se estima en 2.000 millones de pesos a diciembre del 2005 – equivalente a casi el 40 por ciento del presupuesto 2005. En este marco, la aprobación de esta adhesión, significará la imposibilidad de destinar parte de estos recursos a gastos corrientes (aumento salarial, regularización de los contratados, aumento de los insumos de salud, educación, etc.) y de esta manera, el único destino posible será el de cubrir los intereses de deuda pública y gastos de capital (infraestructura)".

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