La Comisión Investigadora creada por la Legislatura porteña para investigar el antes, el durante y el después de la tragedia ocurrida en República Cromañón el pasado 30 de diciembre tiene como plazo para expedirse el 19 de julio. Cuanto más se acerca esta fecha, la tensión entre los legisladores se incrementa y las diferentes posiciones políticas se tornan más evidentes.
A pesar del mal arranque que tuvo la Comisión -siete miembros decidieron renunciar luego de incidentes con familiares de las víctimas-, todas las reuniones posteriores se desarrollaron en un buen clima, incluso aquellas en las que los testimonios de los funcionarios o ex funcionarios del Poder Ejecutivo resultaban muy exasperantes para los padres y asesores presentes.
Es que muchas declaraciones testimoniales no ayudaron a mejorar la imagen del Gobierno de la Ciudad, básicamente, en lo que respecta al antes de Cromañón. Irregularidades en las habilitaciones, falta de control e incluso algún que otro favoritismo a la hora de ir a clausurar determinados establecimientos fueron algunos de los detalles que aportaron testigos citados por la Comisión.
Aunque el grueso de los testimonios ya fue recogido por los diputados, aún restan algunos, por lo que se baraja la posibilidad de una prórroga para la presentación del dictamen.
Fuentes legislativas sostuvieron que "hay temor a la connotación política que pudiera tener un pedido de prórroga, aunque el tema ya fue hablado con los familiares que suelen concurrir a las reuniones. Es muy probable que se necesiten, como máximo, diez días más para pulir los fundamentos del dictamen, ya que la idea es que sea lo más técnico posible".
Por el momento, no está claro si los nueve miembros de la Comisión van a lograr llegar a un acuerdo tal que permita la presentación de un solo dictamen. Sin embargo, reuniones informales que trascendieron hacen suponer que será muy difícil consensuar un texto único, aunque no está completamente descartado.
Actualmente priman dos posiciones. Una, la mayoritaria hasta el momento dado que la comparten legisladores macristas, es la que considera adecuado realizar un dictamen absolutamente técnico, muy contundente, sin conclusiones politizadas. Quienes sostienen esta postura, argumentan que está fundamentado el mal desempeño del Poder Ejecutivo, por lo que consideran que lo ideal es que sea eso lo que quede reflejado en el dictamen.
También es probable que esta necesidad de ser cautos y no prejuzgar tenga como fin no darle argumentos al Gobierno de la Ciudad para que descalifique el dictamen, y para que no se vuelva a hablar de "maniobras desestabilizadoras" por parte de Mauricio Macri, como ocurrió durante la suerte de interpelación a la que se sometió voluntariamente Aníbal Ibarra.
La otra postura es mucho más agresiva. Los legisladores que la protagonizan quieren que el dictamen no sólo mencione el incumplimiento de los deberes de funcionario público, sino también asociación ilícita y abandono de personas. Esta posición no se basa únicamente en convicciones políticas, sino también en un compromiso público y previo en este sentido.
Habrá que ver cómo influye la presión de los familiares de las víctimas tanto a nivel político como mediático. Por lo pronto, se confirmó que han tenido reuniones con los principales referentes políticos tanto a nivel local como nacional. Incluso se habla de un encuentro con el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en que el primer mandatario habría pedido tiempo para evaluar las conclusiones a las que llegue la Comisión antes de comprometer su palabra.
Lo que trascendió de las demás reuniones no es mucho, aunque tanto Elisa Carrió como Ricardo López Murphy afirmaron que si la Comisión decide recomendar el Juicio Político al jefe de Gobierno porteño, están dispuestos a que sus diputados acompañen el pedido en el recinto.
