“Nos dejan afuera”: reclamo por participación popular en la Ley de Glaciares
La discusión por la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial luego de que organizaciones ambientalistas presentaran un amparo colectivo para cuestionar el esquema de audiencias públicas impulsado en la Cámara de Diputados. El reclamo apunta a garantizar una participación real en un debate considerado clave por su impacto en los recursos naturales.
Según denunciaron, el proceso ya cuenta con más de 85.000 personas inscriptas, lo que representa una convocatoria récord. En ese contexto, las organizaciones exigieron “condiciones reales de intervención” y advirtieron que el formato actual limita seriamente la posibilidad de participación ciudadana en un tema de interés público.
El eje del conflicto radica en la decisión de restringir las exposiciones orales a solo 200 oradores, lo que equivale a menos del 0,3% de los inscriptos. El resto de los participantes solo podrá enviar aportes por escrito o mediante videos, lo que fue considerado insuficiente por los sectores críticos.
🟠 50.000 INSCRIPTOS PARA LA LEY DE GLACIARES
— Infobae En Vivo (@infobaenvivo) March 18, 2026
El número de inscriptos para debatir la Ley de Glaciares sigue aumentando y llegó a una cifra exorbitante. Te contamos cuál fue la solución de los diputados.
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Las organizaciones calificaron el esquema como “censurador y excluyente” y sostuvieron que vulnera el derecho a la participación, especialmente en una discusión vinculada a recursos estratégicos como el agua. En esa línea, reclamaron ampliar las jornadas de audiencia, garantizar la exposición oral de todos los inscriptos y evitar restricciones al acceso a la palabra.
Además, advirtieron que avanzar con el tratamiento legislativo sin modificar el formato podría afectar la validez del proceso. “El Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla”, señalaron, y destacaron que la alta convocatoria refleja “una democracia deliberativa vibrante” más que un problema organizativo.
Desde el oficialismo, en tanto, argumentan que la magnitud de la convocatoria hace “materialmente imposible” garantizar la participación plena en un plazo razonable. Sin embargo, los sectores ambientalistas sostienen que esa justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento de una reforma que podría modificar el alcance de la protección de los glaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce.
