Multitudinaria marcha universitaria en reclamo por la ley de financiamiento
Una nueva marcha universitaria se llevó adelante este martes y convocó a más de un millón de personas. Docentes, estudiantes y sindicatos se movilizaron hacia Plaza de Mayo pidiendo que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. La normativa, aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos para las casas de altos estudios.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, señaló que el sistema universitario nacional vive una “situación crítica y difícil” y detalló que las transferencias disminuyeron en un 45% desde 2023 hasta la fecha. “En todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades”, sostuvo.
También señaló que el 70% de los trabajadores de la educación superior de todo del país perciben un salario por debajo de los $650.000 y pidió por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Es una ley aprobada por el Congreso que recompone hacia atrás y nos permite volver a estar a como estábamos en diciembre de 2023. Debe haber pocas leyes en la historia institucional argentina con tanta legitimidad, aprobada por el Congreso y con fallos judiciales federales que ordenan al Poder Ejecutivo su aplicación y, sin embargo, llevamos 203 días sin que la ley se ejecute. Lo que pedimos es cordura y racionalidad”.
Además de la manifestación central en CABA, la protesta se llevó adelante en siete ciudades de la provincia de Buenos Aires, entre las que se encuentran Mar del Plata y Bahía Blanca. La Universidad Nacional del Centro se manifiesta en Tandil, Olavarría, Azul y Quequén y la Universidad Nacional del Noroeste en Junín.
Los docentes y alumnos se movilizan también en Córdoba (San Francisco, Río Cuarto, Villa María y la capital), Santa Fe (Rosario, Rafaela y la capital), Entre Ríos (Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia y Gualeguaychú), Santa Cruz (Río Gallegos, El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y San Julián), Tierra del Fuego (Río Grande y Ushuaia), Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca.
Esta es la cuarta marcha federal universitaria que se convocó en el Gobierno de Milei. El conflicto se remonta a 2024, cuando se realizó la manifestación para pedir la actualización de los gastos de funcionamientos de las casas de altos estudios, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Luego, en 2025, la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario forzó al Gobierno a reforzar los fondos, pero su aplicación quedó suspendida por el Ejecutivo hasta que el Congreso determine las fuentes del financiamiento.
Las universidades y un pedido a la Corte Suprema: "Que nos acompañe y escuche"
En el comunicado que se lee en la Plaza de Mayo, las federaciones universitarias destacan que "la situación presupuestaria es crítica", por lo que le exigen al Gobierno el cumplimiento de la ley de financiamiento.
"La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario", indicaron.
Las federaciones universitarias aseguraron que sufren un "preocupante nivel de renuncias" de docentes que viven una delicada situación económica y que tienen que cambiar de rubro para subsistir.
"Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública", expresaron.
Los argumentos del Gobierno
La pulseada entre el Gobierno nacional y el sector universitario se intensifica ante el reclamo unificado de docentes, autoridades y estudiantes por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, aprobada y respaldada por el Congreso, establece actualizaciones presupuestarias clave que el Ejecutivo libertario se niega a implementar, argumentando riesgos para la estabilidad macroeconómica.
La gestión de Milei sostiene que la ley no detalla explícitamente el financiamiento y que su aplicación total demandaría reasignar el 90,3% de los créditos estatales para gastos primarios, según un informe del Ministerio de Economía. Para contrarrestar, presentaron un recurso federal extraordinario que la Justicia aceptó, suspendiendo una medida cautelar ratificada dos veces. Esta cautelar, impulsada por rectores, obligaba a actualizar salarios y becas hasta la resolución de la Corte Suprema.
Caída del gasto real
Entre 2023 y 2025, la ejecución presupuestaria en universidades cayó un 29%, tocando el nivel más bajo desde 2006. Hoy, los fondos se mantienen congelados con un aumento real de apenas 0,8%, incumpliendo lo estipulado por la ley pese a la inflación acumulada.
Tensiones crecientes
La pulseada refleja un choque entre la autonomía universitaria y el ajuste fiscal del Gobierno, que prioriza la contención del gasto público. Mientras los reclamos exigen fondos para sostener la educación superior, el Ejecutivo insiste en reformular el financiamiento sin comprometer metas macroeconómicas.
Analistas prevén que la resolución judicial definirá el rumbo, pero la movilización social podría escalar si persiste el estancamiento presupuestario. La sociedad observa este enfrentamiento, clave para el futuro de la educación pública en un contexto de crisis económica.
