Multa por un asado y bronca vecinal en Palermo

Un sencillo de asado en la vereda provocó una sanción inmediata, pero reavivó el reclamo de vecinos por la demora en sancionar la ocupación irregular del espacio público en el barrio con más locales gastronómicos de la Ciudad.

La postal fue tan breve como elocuente. El último sábado al mediodía, en Godoy Cruz 1847, en el barrio de Palermo, un grupo de trabajadores de una empresa montó un asador sobre la vereda para compartir un almuerzo. La escena, que podría haber pasado inadvertida, se viralizó rápidamente tras el posteo de una cuenta de redes sociales dedicada a denunciar irregularidades en la vía pública porteña.

La publicación, con tono crítico, cuestionó la instalación de una parrilla en plena vía pública y apuntó contra la falta de controles. En menos de una hora, inspectores que portaban camperas del Ministerio de Espacio Público, hoy a cargo de Ignacio Baistrocchi, se presentaron en el lugar, ordenaron el cese inmediato del fuego y labraron un acta por infracción.

El episodio, que en principio podría leerse como un hecho aislado o incluso trivial, terminó por reactivar una discusión más profunda y persistente en la Ciudad de Buenos Aires: los límites, usos y controles sobre el espacio público. En particular, puso en tensión la capacidad de respuesta del Estado frente a situaciones puntuales, frente a la percepción vecinal de que, en otros casos más estructurales, las irregularidades tienden a prolongarse en el tiempo sin ninguna intervención efectiva del Estado.

En Palermo, el único barrio que conforma la Comuna 14, las denuncias por la ocupación irregular del espacio público conforman un reclamo sostenido desde hace muchos años. Los vecinos advierten sobre la proliferación de mesas, sillas y estructuras gastronómicas que, en muchos casos, se instalan sin autorización o exceden los límites permitidos.

Aunque existe una normativa específica que regula la instalación y el funcionamiento de las plataformas sobre la calzada, en la práctica su cumplimiento es irregular. De acuerdo con un relevamiento oficial, entre las infracciones más frecuentes que cometen los comerciantes gastronómicos se detectaron la ocupación de la proyección de la ochava sobre la calle, la obstrucción de sumideros y la colocación de techos rígidos, que no están permitidos.

El nimio episodio del asado, en ese contexto, funcionó como un disparador. Volvió a poner en evidencia un malestar más profundo entre vecinos de Palermo, que aseguran que no reciben respuestas con la misma celeridad cuando se trata de sus propias denuncias por la ocupación ilegal del espacio público vinculadas con los decks gastronómicos. Lejos de producir intervenciones inmediatas, como la del sábado, describieron un escenario de reclamos reiterados sin respuestas durante años, lo que derivó en una suerte de resignación frente a la permanencia de estas estructuras.

Esa postura, sin embargo, convive con nuevas propuestas que empiezan a tomar forma en el debate público. Algunos vecinos plantearon la necesidad de revisar la normativa vigente para fortalecer los mecanismos de fiscalización y control. Otros fueron más allá y sugirieron la implementación de un canon específico para los comercios que utilizan el espacio público con fines gastronómicos.

También aparece con fuerza la idea de establecer criterios de proporcionalidad entre la superficie del local y la extensión de las plataformas. En otras palabras, que el tamaño del deck no supere ciertos límites, en función del comercio al que está asociado. A esto se suma el pedido de fijar un tope de estructuras por cuadra, con el objetivo de evitar la saturación en zonas donde la concentración de locales gastronómicos es particularmente alta.

El problema, advierten, no es menor ni aislado. Hay cuadras donde la cantidad de decks supera ampliamente lo razonable -en algunos casos más de seis en una misma cuadra-, lo que complica la circulación peatonal e incluso genera la invasión de veredas que deberían estar completamente despejadas.

A esto se suman situaciones irregulares que agravan el escenario, como la instalación de plataformas en sectores destinados a la carga y descarga de mercadería, un hecho que los vecinos identifican particularmente con la zona de Las Cañitas, uno de los polos gastronómicos más activos del barrio.

Las críticas no se limitan a la ocupación física del espacio. También apuntan a la falta de controles sobre las condiciones de instalación, la verificación de habilitaciones y las consecuencias posteriores. Entre ellas, mencionan la acumulación de residuos debajo de las estructuras -muchas veces invisibles desde la calle- y los problemas de higiene que esto acarrea, por la dificultad para realizar tareas de limpieza.

A esto se suma la contaminación sonora, tanto por la presencia de equipos de música, como por el propio bullicio que generan estos espacios en horarios extendidos, algo que impacta directamente en la calidad de vida de quienes residen en las inmediaciones de estos locales.

Datos recientes ayudan a dimensionar la situación. De acuerdo a un informe elaborado por el Grupo Paternal, a partir de información obtenida vía acceso a datos públicos (Ley 104), Palermo concentra la mayor cantidad de decks en toda la Ciudad de Buenos Aires, con 1.326 estructuras instaladas.

La cifra ubica al barrio muy por encima de otros, como Belgrano, que cuenta con 396, y Recoleta, con 365. En términos relativos, esto representa aproximadamente cinco decks por cada mil habitantes, consolidando a Palermo como el epicentro de una problemática que, lejos de ser marginal, forma parte del paisaje cotidiano.

En este contexto de creciente tensión, el tema también llegó a la Legislatura porteña. El diputado Alejandro Grillo presentó un pedido de informes para obtener datos precisos y actualizados sobre la situación de los decks gastronómicos.

La iniciativa solicita al Ejecutivo que detalle cuántos decks existen actualmente, con información desagregada por dirección y barrio, así como también cuántos fueron instalados durante el período 2024-2025, incluyendo fechas y localización. Además, requiere conocer la cantidad de solicitudes en trámite y los puntos donde se prevé su emplazamiento, junto con el número de estructuras que fueron retiradas en lo que va del año.

El objetivo del pedido apunta a arrojar claridad sobre un fenómeno que creció de manera sostenida desde la pandemia, cuando estas estructuras fueron habilitadas como una medida excepcional para sostener la actividad gastronómica. Con el paso del tiempo, sin embargo, su permanencia y expansión comenzaron a generar conflictos en torno al uso del espacio público, la convivencia urbana y los criterios de regulación.