Motosierra estatal: Sturzenegger lanzó el nuevo plan de retiros voluntarios
El Gobierno oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional centralizada. El Decreto 1203/2026 establece que podrán solicitarlo empleados de planta permanente y personas con contratos laborales por tiempo indeterminado.
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá extender el plazo una sola vez, por un máximo de 30 días corridos. Cada jurisdicción evaluará las solicitudes y podrá rechazarlas si considera que la salida afecta la prestación de servicios.
El esquema contempla tres grupos, definidos por edad y situación previsional. Para quienes se acercan a la edad jubilatoria pero no reúnen los aportes necesarios, prevé una opción de cobro mensual equivalente al 60% del salario bruto por hasta 36 meses o una gratificación única. Los otros grupos recibirán pagos calculados principalmente según la antigüedad, con adicionales establecidos en el régimen.
La medida comprende a mujeres de 58 años o más y hombres desde los 63 en el primer grupo, si no cuentan con aportes suficientes para jubilarse; a mujeres de 58 a 64 y hombres de 63 a 64 con al menos 30 años de aportes, en el segundo; y a mujeres de hasta 57 y hombres de hasta 62, en el tercero. Los detalles de las compensaciones y sus topes están establecidos en el decreto y su anexo.
La adhesión implica el fin de la relación laboral y la eliminación del cargo presupuestario correspondiente. Quienes acepten el retiro no podrán volver a trabajar para el Sector Público Nacional durante ocho años, con las excepciones previstas por la normativa. El plan excluye, entre otros, a organismos descentralizados, las Fuerzas Armadas y de seguridad, el Servicio Exterior y la Secretaría de Inteligencia.
También quedan fuera ciertos trabajadores con sumarios graves o procesos penales pendientes, así como quienes tengan reclamos laborales contra el Estado y no desistan de ellos. Las autoridades tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder; si no hay aprobación expresa dentro de ese plazo, la solicitud se considerará rechazada.