Milei denunció un “golpe”, pero el Gobierno no lo llevará a la Justicia
El gobierno nacional descartó presentar una denuncia penal en la Justicia por las acusaciones hechas por el presidente Javier Milei sobre un intento de “golpe” en su contra, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. En Casa Rosada explicaron que no cuentan con pruebas concretas ni documentación que avale avanzar con una denuncia penal de esa magnitud, a pesar de las fuertes afirmaciones que el propio mandatario realizó ante legisladores y en cadena nacional.
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei acusó a dirigentes opositores, sectores empresariales y hasta a “propios” de haber intentado desestabilizar su gobierno el año pasado, en distintos momentos del calendario político. El presidente habló de conspiraciones y “ataques coordinados”, aunque no presentó documentación ni elementos concretos que hayan sido exhibidos ante la Justicia o fiscalías competentes.
Desde el Ejecutivo nacional señalaron que, si existieran pruebas claras y tangibles sobre una conspiración para voltear un gobierno democrático, no dudarían en llevar el caso ante tribunales. Sin embargo, insistieron en que hasta el momento no cuentan con elementos verificables que permitan sustentar una acción penal formal. “Es difícil encontrar un papel con los pasos de una estrategia para voltear un gobierno”, señalaron fuentes oficiales.
🚨🇦🇷 | #URGENTE El Ministerio de Seguridad Nacional denunció penalmente al secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, luego de que llamara a un golpe de Estado contra el Gobierno de Milei afirmando que es su "trabajo provocar la crisis de este gobierno". pic.twitter.com/cPvUsX3uUi
— La Derecha Diario (@laderechadiario) November 17, 2025
La postura oficial coincide con la falta de intervención de fiscales tras las exposiciones del presidente en el Congreso: no se registró ninguna actuación de oficio tras sus acusaciones, ni ninguna causa penal abierta por el momento en relación con ese episodio. Así, el Gobierno optó por dejar esta cuestión en el terreno político y mediático, más que en el judicial.
El clima político se tensó aún más tras las declaraciones de Milei, con una discusión pública entre figuras del propio oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió a las acusaciones calificándolas de infundadas y aseguró que no planea renunciar, pese a las versiones cruzadas que circularon en redes sociales y sobre las que también se debatió en ámbitos políticos.
El episodio resalta las dificultades para articular una respuesta institucional ante afirmaciones de esta naturaleza y abre interrogantes sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial. A la vez, pone en evidencia la creciente polarización política en la Argentina, donde las acusaciones sin pruebas formales se cruzan con la desacreditación pública de adversarios dentro del propio oficialismo y fuera de él.
