Mendoza aprobó la polémica megaminería respaldada por Milei

La Legislatura de la provincia de Mendoza aprobó el martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino —también conocido como “San Jorge”— habilitando así la explotación de cobre en la zona de Uspallata, en el departamento de Las Heras. La votación final fue de 29 senadores a favor, 6 en contra y una abstención.

El proyecto cuenta con un respaldo explícito del presidente Javier Milei, quien días atrás había instado a la Legislatura a aprobarlo, calificándolo como “una enorme oportunidad” para Mendoza. Según Milei, la iniciativa representa un paso clave para reactivar la minería en la provincia, generar empleos y diversificar la matriz productiva.

La empresa responsable prevé una inversión de aproximadamente 559-600 millones de dólares, con una fase inicial de construcción de 18 a 24 meses. Durante ese período se generarían miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, mientras que la explotación minera buscaría producir concentrado de cobre con una vida útil estimada de entre 16 y 27 años.

Mendoza dio un paso histórico. Hoy ganó la coherencia, ganó la lógica y ganó la decisión de prepararnos para el mundo que viene.

Con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino abrimos la puerta a la producción de cobre, un mineral fundamental… pic.twitter.com/7kuEKOqimE

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) December 9, 2025

Sin embargo, la decisión legislativa se dio en un contexto de intensas protestas ciudadanas. Organizaciones socioambientales, vecinos y asambleas de la zona realizaron una caravana denominada Gesta Libertadora por el Agua, que recorrió más de 100 km desde Uspallata hasta la capital provincial bajo la consigna “El agua no se negocia”, exigiendo el rechazo del proyecto por los riesgos que implican para los recursos hídricos.

Entre los críticos, la preocupación principal recae en el impacto ambiental y la posible contaminación de las cuencas de agua que abastecen a gran parte de Mendoza. Voces científicas y comunitarias señalaron deficiencias en los estudios de impacto, alertando que la explotación podría comprometer acuíferos, suelos y ecosistemas locales, afectando la provisión de agua en una provincia ya sensible a la sequía.

A pesar de las advertencias, el bloque oficialista que apoyó la iniciativa —integrado por legisladores de distintos partidos, incluyendo cinco del peronismo— argumentó que la minería puede convivir con actividades agrícolas y productivas, y que la región necesita inversiones para dinamizar su economía.

Con esta aprobación, Mendoza inaugura lo que muchos describen como una nueva era del cobre, dando marcha atrás a décadas de estancamiento minero. Pero también pone en evidencia una profunda división social: mientras sectores celebran una oportunidad de desarrollo, otros alertan por los riesgos ambientales y el posible deterioro de recursos vitales para la población. El debate, lejos de cerrarse, parece recién comenzar.