Megaproyecto inmobiliario de IRSA abre debate ambiental en CABA
La empresa IRSA dio un nuevo paso hacia la construcción de lo que se describe como una “Dubái porteña” en la Costanera Sur, un proyecto inmobiliario de gran escala sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca que ya genera fuerte rechazo de ambientalistas y organizaciones barriales. El plan, conocido como Costa Urbana, prevé la creación de un barrio de torres de lujo con viviendas, oficinas, hoteles, centros comerciales, sanatorios, escuelas y un parque público de casi 50 hectáreas, frente al Río de la Plata, en un emprendimiento de usos mixtos que se extendería a lo largo de 15 a 20 años.
El acuerdo urbanístico entre el Gobierno de la Ciudad y IRSA autoriza la construcción de alrededor de 895.000 metros cuadrados de obra sobre un predio de aproximadamente 71,6 hectáreas, mientras la empresa debe destinar más del 70% del terreno a espacios verdes públicos y aportar tres parcelas adicionales para fondos de desarrollo urbano y ciencia‑tecnología. Además, IRSA se comprometió a invertir unos 40 millones de dólares en la construcción y mantenimiento de los espacios públicos, lo que el oficialismo presenta como un “equilibrio” entre negocio privado y ganancia colectiva de la ciudad.
No obstante, el proyecto se ha convertido en foco de controversia por su impacto ambiental, urbanístico y social sobre la Reserva Ecológica Costanera Sur y los barrios aledaños, como Nueva Pompeya, La Boca y Rodrigo Bueno. Opositores sostienen que la altura de las torres, que pueden alcanzar hasta 145 metros, y la creación de canales de agua internos alterarán la dinámica ecológica de la zona, aumentarán la presión inmobiliaria y reducirán el acceso igualitario a la costa pública.
Las audiencias públicas previas al tratamiento legislativo registraron rechazo unánime de vecinos, ambientalistas y técnicos, quienes cuestionaron la falta de estudios de impacto ambiental actualizados y la ausencia de un diagnóstico integral sobre el humedal costero. En la misma línea, organizaciones civiles advirtieron que el modelo de “barrio de torres de lujo” profundiza la segregación urbana y prioriza la especulación inmobiliaria por encima de la preservación de ecosistemas y del derecho a la ciudad de sectores populares.
En el plano político, el proyecto de IRSA fue impulsado por el oficialismo porteño, con votación favorable en la Legislatura, pero también generó tensiones internas y críticas de fuerzas de oposición que denuncian la concentración de beneficios en grandes desarrolladoras. El titular de la empresa, Eduardo Elsztain, califica al emprendimiento como una “Dubai” argentina, que aportará miles de empleos y modernizará la borde costero, mientras sus detractores lo comparan con un “megaterreno cerrado” que pone en riesgo la función pública de la Costanera.
Ante este escenario, el debate sobre Costa Urbana se ha convertido en un símbolo más amplio: la disputa por el modelo de ciudad que quiere la Buenos Aires del siglo XXI. Mientras el gobierno insiste en que el proyecto articula crecimiento económico, parque público e innovación, las críticas piden una revisión de la magnitud de la obra, la altura de los edificios y mecanismos de control ambiental rigurosos, con el fin de que el desarrollo no se imponga a la integridad de la Reserva Ecológica ni a la vida de los barrios circundantes.
Cómo participar de la audiencia pública y qué peso tiene
La fecha establecida es el próximo 22 de junio a partir de las 12:30 horas. La modalidad será virtual, a través de la plataforma Zoom App para oradores inscriptos.
El acceso público online para la transmisión estará disponible para no inscriptos y público en general. Los detalles de conexión podrán consultarse en el sitio web oficial del gobierno porteño.
Cabe aclarar que la participación en estas audiencias es no vinculante. Sin embargo, representa un paso administrativo legal indispensable para que el proyecto pueda avanzar.
El caso representa un hito en la gestión de la gobernanza urbana porteña. La resolución de esta audiencia marcará un precedente sobre cómo la Ciudad de Buenos Aires planea integrar el Real Estate de alta gama con el compromiso de carbono neutralidad y protección de ecosistemas ribereños.
Sin la aprobación del nuevo CAA, el avance de las obras definitivas podría verse judicializado. La historia del proyecto ya incluye frenos judiciales y debates legislativos que retrasaron su cronograma original.