La CGT adelantó que convocarán a un paro general por la reforma laboral
La CGT prepara un paro nacional de 24 horas como respuesta al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, en declaraciones a Radio 10.
El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), compuesto por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA, ya anunció un paro con movilización al Congreso para la fecha del debate parlamentario, sin fecha concreta aún.
La Confederación General del Trabajo (CGT) vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.
Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.
“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.
“Creo que están dados los consensos colectivos de los distintos sectores para ir a un paro nacional. Trabajaremos para que sea con el mayor grado de acatamiento de todos los sectores, para que sea una gran huelga. Cuando mañana se junte el consejo directivo lo terminará de confirmar oficialmente, vamos a trabajar para construir una gran huelga contundente”.
El rechazo sindical se fundamenta en dos ejes: la protección de derechos laborales y la defensa de las estructuras de financiamiento gremial.
El documento interno de la CGT sostiene que “es contrario a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales con rango constitucional” y califica el proyecto de “regresivo y perjudicial para los trabajadores”.
Entre los puntos más objetados se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho de huelga y las restricciones a asambleas sindicales. Especialmente polémica es la reducción de los montos para pagar salarios en casos de licencias por enfermedad o accidentes no laborales.
Jerónimo dijo que la ley de reforma laboral es “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos".
El informe cegetista enfatiza: “Afecta el bolsillo del trabajador en momentos en que tiene gastos adicionales derivados de su condición médica”, puntualizando que habrá un recorte del 50% del salario si la enfermedad o accidente resulta de una actividad voluntaria.
Jerónimo sostuvo que la central obrera viene advirtiendo con claridad que el proyecto constituye “un proceso de ley regresivo, con una redacción maliciosa y una carga ideológica que va en contra de todos los derechos, tanto colectivos como individuales del mundo del trabajo”, y remarcó que la iniciativa no tendrá impacto real en la creación de empleo, sino que responde a la necesidad de “tapar el fracaso del plan económico del gobierno, privilegiando a los sectores más concentrados y a la especulación financiera”.
El dirigente afirmó que muchos legisladores no comprendieron el alcance del texto hasta etapas avanzadas de su tratamiento, e instó a representantes políticos y gobernadores a reflexionar sobre las consecuencias sociales y económicas que generaría su aprobación.
Jerónimo señaló que la CGT no rechaza la discusión sobre modernización laboral, pero sostuvo que “cualquier proceso de actualización normativa debe surgir de una negociación equilibrada entre trabajadores y empleadores”, condición que —según afirmó— no se verificó en este caso, ya que “los planteos sindicales no fueron considerados”.
El documento gremial remite a los principios de progresividad y no regresión consagrados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) e insiste en que la reforma debería surgir de un proceso tripartito.
