Interna libertaria por un proyecto ambiental
La crisis política que atraviesa el Senado sumó en las últimas horas un nuevo frente de conflicto con la ley de ecocidio que prevé penas de hasta 25 años de prisión. El proyecto, que había sido dictaminado a comienzos de mes, quedó envuelto en una fuerte polémica luego del anuncio de Patricia Bullrich sobre el retiro de rúbricas por parte de La Libertad Avanza (LLA).
La jugada encendió alarmas porque colisiona de lleno con el artículo 106 del reglamento de la Cámara alta. En los hechos, deja expuesta toda la cadena de firmas que acompañó el despacho, que ya figuraba vigente como orden del día y estaba listo para llegar al recinto con apoyos incluidos de legisladores del oficialismo y bloques aliados.
La cronología del expediente se remonta a una sesión en la que la senadora salteña Flavia Royón pidió una moción de preferencia para tratar una iniciativa impulsada por la chubutense Edith Terenzi. Luego, el 9 de junio, el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Ambiente avanzó sin objeciones, al punto de que incluso hubo cambios de último momento entre legisladores para no perder la posibilidad de firmar el despacho.
El contenido del proyecto incorpora penas de tres a diez años de prisión y multas para quien, violando normas ambientales, provoque daños especialmente graves, extensos y duraderos. Si el daño fuera irreversible, la escala se eleva a entre cinco y quince años de cárcel, además de una sanción económica mayor; y si como consecuencia del delito muriera una persona, la pena trepa de cinco a 25 años.
La controversia no se limita al texto de fondo, sino al procedimiento elegido para intentar desandar lo ya firmado. El reglamento del Senado establece que, una vez ingresados los dictámenes a la Mesa de Entradas, los senadores no pueden retirar su firma, por lo que la decisión de Bullrich abrió una discusión institucional que preocupa en varios despachos.
Frente a un eventual desborde político, las alternativas reglamentarias son limitar el tratamiento, devolver el proyecto a comisión o rehacer el despacho con un nuevo texto. Pero lo ocurrido dejó expuesto un problema más profundo: prometer acuerdos a sectores dialoguistas como Royón y Terenzi y luego retroceder de manera abrupta, una dinámica que alimenta la desconfianza de los aliados y los empuja a reactivar canales directos con la Casa Rosada.
