Inocencia Fiscal: el Gobierno volvió a ceder ante sus aliados
El oficialismo consiguió avanzar en la Cámara de Diputados con el dictamen de la reforma de la ley de “Inocencia Fiscal”, aunque debió introducir cambios para garantizar el acompañamiento de sus aliados. El principal ajuste establece que quienes ocupen o hayan ocupado cargos públicos de alta responsabilidad durante los cinco años previos no podrán acceder a los principales beneficios del Régimen Simplificado de Ganancias. La Libertad Avanza (LLA) reunió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal y ahora buscará llevar el proyecto al recinto el próximo 26 de agosto.
La modificación alcanza a funcionarios de los tres poderes del Estado y contempla, entre otros, a secretarios de Estado, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces, fiscales, defensores del Pueblo y miembros del Consejo de la Magistratura. Estos funcionarios podrán utilizar el mecanismo simplificado para presentar sus declaraciones y pagar Ganancias, pero quedarán excluidos de las protecciones especiales previstas para el resto de los contribuyentes. De esta manera, ARCA conservará la posibilidad de fiscalizar sus declaraciones y aplicar multas y sanciones bajo las reglas generales.
El cambio tiene un fuerte componente político y aparece después de que el régimen quedara bajo cuestionamiento por casos como el del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, quienes adhirieron al esquema vigente mientras atravesaban una investigación judicial por la evolución de su patrimonio. También había utilizado el régimen el exdiputado José Luis Espert, investigado por fondos que recibió del empresario Federico “Fred” Machado. Con la nueva redacción, el oficialismo busca evitar que situaciones similares puedan quedar alcanzadas por las ventajas fiscales que contempla la iniciativa.
Para el resto de los contribuyentes, el proyecto mantiene uno de sus puntos centrales: elimina los límites de ingresos y patrimonio que actualmente restringen el acceso al régimen. **Ya no existirían los topes de $10.000 millones de patrimonio ni de $1.000 millones de ingresos, aunque se mantendrían como condiciones la residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional. Además, la propuesta modifica el tratamiento de las multas y establece una reducción permanente del 25% para determinadas infracciones formales de MiPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro.**
Durante el debate en comisión, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, defendió la iniciativa frente a las críticas que advierten sobre un eventual debilitamiento de los controles contra el lavado de activos. El funcionario sostuvo que uno de los principales problemas de la Argentina es el elevado nivel de informalidad y que el objetivo de la reforma es facilitar que el dinero que permanece fuera del sistema pueda incorporarse a los circuitos formales sin eliminar los mecanismos de prevención.
Con el dictamen aprobado, el Gobierno consiguió destrabar una de las iniciativas económicas que considera prioritarias para su agenda parlamentaria y ahora deberá reunir los votos necesarios para la media sanción. El respaldo de la UCR, el Pro, el MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales resultó determinante para alcanzar las 44 firmas. El próximo desafío será el debate en el recinto, donde la reforma volverá a poner a prueba la capacidad de La Libertad Avanza para construir mayorías y sostener acuerdos con sus aliados en el Congreso.
