Fuero laboral porteño: la designación de jueces entra en la recta final
El proceso de consolidación de la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un nuevo hito con el envío de los pliegos de candidatos para integrar la futura Justicia Laboral porteña. La presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Isabella Leguizamón, formalizó la presentación ante el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López, elevando las candidaturas de 21 profesionales para cubrir puestos clave. Este movimiento administrativo busca completar las estructuras de los juzgados de Primera Instancia, las salas de la Cámara de Apelaciones y los órganos de representación estatal y tutelar.
La iniciativa se enmarca en un contexto de rediseño del sistema judicial impulsado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien propone una estructura más robusta que la proyectada originalmente. El plan oficial contempla una ampliación significativa que incluye la creación de 80 juzgados y 10 salas de apelaciones, además de modificaciones integrales al Código Procesal. El objetivo primordial es agilizar la resolución de conflictos laborales en el ámbito capitalino, reduciendo los tiempos de espera que actualmente caracterizan a la justicia nacional del sector.
En la nota de elevación, Leguizamón adjuntó los nombres de los "21 candidatos y candidatas a desempeñarse como magistrados" con el fin de que el parlamento inicie el proceso de tratamiento y eventual aprobación. Ahora, la responsabilidad recae sobre la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, que deberá coordinar las audiencias públicas correspondientes. En estas instancias, los postulantes deberán defender su idoneidad y responder a las impugnaciones o consultas que pudieran surgir por parte de la sociedad civil y los bloques legislativos.
Este traspaso de competencias de la órbita nacional a la Ciudad no está exento de tensiones políticas y gremiales, ya que implica una reconfiguración del poder judicial en el distrito más rico del país. Mientras el oficialismo porteño defiende la medida como un paso necesario para el "federalismo y la autonomía", sectores de la oposición y sindicatos judiciales mantienen sus reservas sobre el financiamiento y la estabilidad laboral de los actuales empleados del fuero nacional. No obstante, el Ejecutivo local insiste en que la nueva estructura garantizará una justicia más cercana y eficiente para los trabajadores y empleadores porteños.
Paralelamente al tratamiento de los pliegos, la Legislatura debate el proyecto de ley que establece las normas de procedimiento para este nuevo fuero. La intención de Jorge Macri es que la Ciudad cuente con una normativa moderna que aproveche la digitalización y la oralidad para evitar la acumulación de expedientes. La puesta en marcha de esta justicia propia es considerada una prioridad política para la gestión actual, que busca diferenciar la eficiencia administrativa de la Ciudad respecto de las estructuras nacionales, a menudo percibidas como burocráticas y lentas.
Con el ingreso de los pliegos al Palacio Legislativo, se abre una etapa de definiciones técnicas y políticas que determinará quiénes serán los encargados de impartir justicia en el primer escalafón del nuevo fuero. Se espera que en las próximas semanas se defina el cronograma de audiencias, un paso administrativo obligatorio antes de que los nombramientos lleguen al recinto para su votación final. De concretarse, la Ciudad de Buenos Aires estará un paso más cerca de ejercer plenamente las facultades jurisdiccionales que le corresponden por mandato constitucional, cerrando un capítulo histórico de transferencias pendientes.
