Ana Fernández denunció a funcionarios por información falsa

En la tercera audiencia del juicio oral y público por las 193 víctimas del boliche Cromañón declaró por más de dos horas Ana María Fernández, ex directora adjunta de Fiscalización y Control, que luego de finalizar su exposición se negó a responder preguntas de las cuatro querellas en la que están divididos los familiares y sobrevivientes de las víctimas.

Después de dar a conocer información que compromete a sus superiores en aquel entonces, tratando de deslindar responsabilidades personales, la ex funcionaria se negó a responder preguntas lo cual motivo los enojos de los familiares y las querellas.

José Iglesias comentó a NOTICIAS URBANAS presente en las audiencias, que su estrategia está bien planteada. "Tiene derecho a no responder. Nosotros queremos saber qué sucedió cuando ella era funcionaria y se inspeccionó Cemento (propiedad de Emir Omar Chabán), y se frustró la inspeción a Cromañón. Además preguntarle por la caja azul que ella encontró en febrero de 2005 donde allí estaba el expediente realizado por Cromañón", dijo.

Ana María Fernández, imputada en la causa, comenzó su declaración a las 10:10 hasta casi las 11.05, luego vino un receso de más de media hora. Retomando la actividad pasada las 11.40 siguió hablando ante el tribunal hasta las 13 cuando se decidió un cuarto intermedio de una hora para almorzar.

?Probaré que cumplí con mis funciones?, expresó Fernández por la mañana con una tonada propia de la provincia de San Luis, puntualmente ella nació en la ciudad de Mercedes.

Se remontó al 10 de noviembre de 2003 y, marcador en mano, comenzó a ilustrar sobre una pizarra blanca cómo se había disuelto la Dirección de Verificación y Control mediante el decreto 2116 del por entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, y se había creado la Unidad Polivalente de Inspección (UPI), que estaría a su cargo desde enero de 2004 al 31 de agosto de ese mismo año.

?Con más de 200 mil locales donde hacer cumplir la normativa la Dirección General de Verificación y Control tenía 500 personas de planta, de las cuales 300 eran inspectores y 200 administrativos y técnicos. Ocupando este área casi todo el edificio de Lavalle 1429?, describió.

?La UPI pasó a tener veinticinco personas, veinte de ellas inspectores y cinco administrativos. No había sistema informático como con la anterior Dirección, apenas contaba con tres computadoras con programas básicos. Sin presupuesto y ocupando solo tres oficinas del edificio de Lavalle 1429", expresó fundamentándose en el propio Decreto 2116.

En el segundo punto abordado por la ex directora adjunta de Fiscalización y Control señaló que del personal y presupuesto de la Dirección General de Verificación y Control que fue disuelta, pasó a hacerse cargo la subsecretaría en ese entonces a cargo de Marcelo Antuña, que luego cambió por la Subsecretaría de control Comunal, a cargo de la licenciada Fabiana Fiszbin.

En su declaración señaló los detalles del proceso y remarcó la reducción de la infraestructura. El 11 de noviembre de 2003 se dictó una resolución para realizar un inventario, a cargo de la Escribanía General, de los 50 mil expedientes encontrados en la DGVC. Para organizar y analizar esos miles de expedientes se creó la Unidad de Evaluación y Resolución de Actuaciones (UERA), que dependía de la Subsecretaría de Control Comunal. ?La UPI nunca tuvo acceso a la documentación y reclamos que la Defensoría del Pueblo hiciera antes de 2003. La UPI nació sin memoria institucional. No se me puede achacar reclamos que nunca tuve a la vista?, remarcó.

Luego de esta primera parte, Ana María Fernández se sentó, tomó agua y respiró profundo para continuar su relato, que abarcó tres puntos más.

Las credenciales vencidas que tuvo que prorrogar para los inspectores fueron en el mes de enero, febrero y en marzo, y lo hizo el por entonces Subsecretario de Seguridad y Justicia Juan Carlos López, no imputado en esta causa.

A través de las prorrogas comprobó Fernández que en enero existían 12 inspectores para desempeñar tareas, en febrero 10 inspectores, y en el mes de marzo con la vuelta de vacaciones de López se completó la planta de inspectores con 41 profesionales con poder de policía. La planta se volvió a incrementar en junio con 76 inspectores, y ?no 156 inspectores como erróneamente se informó en la causa?.

?Algunos funcionarios informaron erróneamente a la justicia de primera instancia? y agregó que en la contestación del 9 de junio de 2006 a la jueza de primera instancia (María Angélica Crotto) se presentan 30 resoluciones sobre personal pero Fernández señaló que se daba poder de policía inspectiva a chóferes y notificadores. ?Los hicieron pasar falsamente diciendo que desarrollan tareas de inspección, aunque también deben ser registrados como inspectores y ser capacitados?, dijo.

Los justificativos de su labor, recordar que fue imputada como incumplimiento del funcionario público, es que la UPI tenía tareas más allá de lo designado por el decreto 2116 ?nos hicimos cargo del control de los estadios de fútbol, tanto para actividades deportivas como cuando se hacían recitales. Ello siguió hasta julio 2004 cuando se hizo cargo del tema otra oficina?.

Con respecto al tema bolcihes Fernández sentada en el banquillo de acusados relató que ?en marzo 2004 Fiszbin (ausente en la sala) me informa que las inspecciones nocturnas y en espacio público pasarían a hacer coordinadas por la Subsecretaría de control Comunal y la Subsecretaría de Seguridad y Justicia, ello avalado con el decreto 2696?.

Por la denuncia de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sobre los boliches inhabilitados "por el informe del arquitecto Alimena intimamos a propietarios de los boliches a que presentarán sus habilitaciones y certificado de bomberos. De 160 intimaciones respondieron 53, entre ellos Cromañón que presentó habilitación boliche clase C y certificado de bomberos vigente en junio de 2004. En marzo habíamos intentado inspeccionar Cromañón pero estaba cerrado?.

Y Fernández involucra a Gabriela Fabiana Fiszbin, subsecretaría de Control Comunal, diciendo "que ella sabía de las intimaciones por planilla en junio, esto da cuenta dos notificaciones más la versión taquigráfica de Aníbal Ibarra en Legislatura el 28 de enero 2005. Nunca me vi con Ibarra o sea que esta planilla de nuestro trabajo se lo pasó Fiszbin?.

La ex funcionaria durante la gestión de Aníbal Ibarra se encuentra imputada por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de 4 meses a dos años.

Ese área debió haber clausurado Cromañón, ya que el local tenía vencido el certificado habilitante de Bomberos. El incendio le costó el puesto a la abogada y licenciada en Relaciones Internacionales de 43 años, quien fuera procesada en mayo de 2005 por el juez Julio Lucini por "homicidio culposo".

Siete meses después, la Cámara del Crimen Nº 5 cambió la calificación a "incumplimiento de los deberes de funcionario público", cargo con el que llegó al juicio.

Además de Fernández están implicados su superior inmediato, el ex director de Fiscalización y Control, Gustavo Juan Torres, y la ex subsecretaría de Control Comunal, Gariela Fabiana Fiszbin, quien pertenecería al circulo íntimo de Vilma Ibarra, hermana del destituido Jefe de Gobierno.

Los tres ex funcionarios porteños están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la sala de audiencias Torres y Fiszbin se sientan juntos, y en el otro extremo más cerca de la puerta de ingreso, Ana María Fernández.

La audiencia debería proseguir con la lectura de las declaraciones indagatorias que realizaron los imputados, excepto Emir Omar Chabán ya que su declaración y sus sucesivas ampliaciones en primera instancia ya fueron leídas en el juicio oral y público que se desarrolla en la sala de audiencias de la Corte Suprema de la Nación.