El tema importante de consenso difícil
Producción o construcción parece ser la cuestión. Aunque suene a versito, es lo que en definitiva estaría demorando la sanción de lo que se ha dado a conocer como Ciudad Productiva, un proyecto elaborado a raíz de un consenso amplio entre representantes del sector productivo para acabar con el perfil de "ciudad dormitorio" que adquirió Buenos Aires en la época de la dictadura militar.
Es que aún hoy las actividades manufactureras son reguladas en la Ciudad de Buenos Aires por el Código de Planeamiento Urbano vigente desde 1977. Actualmente, de los 13.000 establecimientos industriales de la Ciudad, se calcula que unos 8.000 tienen algún problema por restricciones regulatorias.
Con la convicción de que regularizar estas situaciones permitirá obtener más acabadamente el perfil productivo y las prácticas manufactureras que la Ciudad requiere, se elaboró el proyecto “Buenos Aires: Ciudad Productiva”. El mismo introduce cambios en los criterios de ordenamiento de las diferentes actividades productivas en la Ciudad para evitar la expulsión de las empresas del distrito y para otorgar un marco de mayor legalidad a aquellas que, pese a no ser nocivas para el medio ambiente ni para la convivencia social, no cumplen con el Código de Planeamiento vigente.
La propuesta, en lugar de limitar la instalación de las empresas por distrito de zonificación y superficie máxima cubierta, utiliza criterios ambientales que permiten evaluar la tecnología empleada y el grado de impacto ambiental que generarían o generan en el lugar de localización. Además, este criterio promueve la reconversión tecnológica y propone, a su vez, la asistencia de la UTN a través del "Programa Buenos Aires Produce Más Limpio", y el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno local para dar asistencia a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) porteñas.
El proyecto en cuestión -que está siendo analizado por la Comisión de Planeamiento Urbano y debe pasar también por la Comisión de Desarrollo Económico- fue originado por el Centro Argentino de Ingenieros y presentado en el Consejo del Plan Estratégico (COPE) dependiente de la Secretaría General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, fue sometido a discusión, aprobado en el
seno del COPE en marzo de 2005 y remitido al -por entonces- jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, quien sólo se encargó de elevarlo a la Legislatura porteña. Sin demasiado debate, a raíz del consenso con el que se elaboró, los diputados aprobaron la iniciativa en primera lectura en diciembre de 2005 y se la sometió a audiencia pública el 5 de abril de 2006, en la cual tuvo una acogida amplia y favorable entre diferentes empresarios, funcionarios locales, nacionales, dirigentes sindicales y vecinos en general.
Para más datos, en la audiencia pública expusieron 102 personas. Entre ellos, importantes representantes del sector y, en representación del Gobierno de la Ciudad, los ministros de Producción (Enrique Rodríguez), de Infraestructura y Planeamiento (por ese entonces Roberto Feletti) y de Medio Ambiente (Marcelo Vesentini). Concurrió también el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía de la Nación, Matías Kulfas, quien fue uno de los primeros en estimular el tema cuando se generó el proyecto.
Otro de los principales impulsores de Ciudad Productiva, por lo menos en el ámbito legislativo, es el presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Álvaro González (Juntos por Buenos Aires). El diputado -luego de reunirse con más de 25 organizaciones empresarias, profesionales y gremiales para discutir en detalle la iniciativa- señaló que "la industria manufacturera es, sin dudas, la actividad que más inversión genera en términos de educación y capacitación con el fin de dotar al proceso productivo de mayor valor agregado a través de la investigación y del desarrollo de nuevas tecnologías".
Pese a todo el consenso inicial cosechado por el proyecto, hechos recientes parecen indicar que su suerte legislativa no será la mejor. No hay acuerdo aún en la Comisión de Planeamiento Urbano para sacar un despacho único de la iniciativa, aunque el 30 de noviembre está previsto su tratamiento en el recinto y de no aprobarse en febrero perderá estado parlamentario.
El ARI no se pone de acuerdo respecto de su postura (la radical Teresa Anchorena no está de acuerdo, más allá que Fernando Cantero y Juan Manuel Velasco apoyaron el despacho en primera lectura). En el kirchnerismo pasa algo similar, dado que las únicas que respaldan Ciudad Productiva son Silvia La Ruffa y Beatriz Baltroc.
El más duro hasta el momento es Miguel Talento y hay varios legisladores que no han definido su posición todavía pero que no ven con tan malos ojos el proyecto, ya que Feletti (actual vicepresidente del Banco Nación); Hecker (flamante titular de la Comisión de Valores), Kulfas y Kelly Olmos defendieron la iniciativa durante una reunión que se llevó a cabo hace un par de semanas en el Suterh.
Más allá de las posiciones legislativas, la visión del Gobierno de la Ciudad cambió y casi todos los que vienen trabajando en este tema desde hace más de un año coinciden en presentar como principal responsable al lobby de los arquitectos contra este proyecto.
Algo ya se había visto durante la audiencia pública, donde la única voz que se levantó en contra de Ciudad Productiva fue la de la Sociedad Central de Arquitectos que, mediante una carta firmada por el arquitecto Enrique García Espil, cuestionó en duros términos la propuesta, pero habrían redoblado los esfuerzos para convencer a Enrique Rodríguez de impulsar un híbrido que para muchos no soluciona la problemática sino que la burocratiza aún más. El único que resistió el embate hasta el momento es Vensentini, quien se habría comprometido a no hablar al respecto a cambio de continuar sosteniendo la misma postura positiva frente a la iniciativa original.
Fuentes legislativas graficaron la situación al afirmar que "los arquitectos piensan como dibujan, a mano alzada. Ellos no quieren perder el gran negocio de seguir construyendo edificios porque es lo que más rentabilidad les da, pero la Ciudad no puede seguir expulsando fábricas porque la pobreza y el desempleo van a seguir creciendo". Sin ir más lejos, durante lo que va de noviembre, aproximadamente 15 empresarios se presentaron ante funcionarios del Gobierno Nacional para que los ayuden a mudar sus fábricas a la Provincia de Buenos Aires cansados de la situación que impera en el distrito.
Lo cierto es que, de no modificarse el Código de Planeamiento, muchas empresas no tienen posibilidades de crecer y deben pensar seriamente en mudarse. La legislación que rige en este sentido fue modificada durante la intendencia de Carlos Grosso y ello permitió que muchas de las industrias que ya estaban instaladas previo a la sanción del Código pudieran seguir funcionando pero sin ampliar ni modificar su plano de instalación electromecánica. Es decir, si cambian de maquinaria no puede declararlo porque no les está permitido realizar cambios.
Hasta ahora el macrismo, el radical Carlos Lo Guzzo y algunos diputados de izquierda han definido que se encolumnarán detrás del despacho elaborado por González que introdujo algunas modificaciones al proyecto inicial. Entre ellas, se proponen restricciones en los distritos residenciales en lo que hace a la actividad de carga y descarga, dado que se fija un mínimo de ancho de calle de 17, 3 metros para poder llevar a cabo este tipo de actividades. Quienes hasta ahora lo hacían en la calle por las restricciones que le imponen las viejas normas, podrían ampliar la superficie edificada para poder realizar este procedimiento sin ocasionar molestias a los vecinos de su barrio.
González concluyó: "A través de este proyecto de ley se podrá estructurar la economía en pos del bienestar general e indudablemente se permitirá desarrollar una ciudad más sustentable con la armonización de los distintos actores que en ella conviven cotidianamente". La sobrevida de la iniciativa podría definirse durante la reunión conjunta de las Comisiones de Planeamiento Urbano y Desarrollo Económico citada para este viernes.
LOS K NO MANTIENEN LA LÍNEA
Lo que sucede en el bloque del Frente para la Victoria porteño respecto del proyecto Buenos Aires: Ciudad Productiva roza lo absurdo. A nivel nacional, funcionarios como Roberto Feletti, Eduardo Hecker, Juan Manuel Abal Medina (h), Miguel Peirano y Matías Kulfas apoyan totalmente la iniciativa, pero los diputados no se ponen de acuerdo.
Varios de los funcionarios coinciden en que "la Ciudad no puede seguir por debajo del promedio de crecimiento nacional" y que "el proyecto del Presidente" está ligado estrechamente a lo que impulsa Ciudad Productiva. "Es increíble que diputados que se llenan la boca con la impronta de Néstor Kirchner no sean capaces de entender que esta iniciativa es progresista y kirchnerista. Hay que ponerse del lado de la producción y no de las corporaciones empresariales y de los arquitectos", señalaron.
Por lo pronto, el presidente del bloque Diego Kravetz no está de acuerdo con el proyecto y esto se traslada al Ejecutivo porteño porque a instancias del diputado kirchnerista se nombró al Secretario de Industria del Ministerio de Producción de la Ciudad, Raúl Sánchez, ex dirigente socialista que militaba con Roy Cortina.
EL LOBBY DE LOS ARQUITECTOS
"Los arquitectos hacen lobby contra Ciudad Productiva". Lo reconoció el propio Ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, ante una pregunta de NU. Rodríguez también reconoció el cambio de posición del Ministerio al respecto de Ciudad Productiva argumentando: "Nosotros apoyamos el proyecto inicial pero luego se generaron algunos ruidos en el área de Planeamiento y también en la Legislatura, por eso impulsamos que haya una consolidación de usos preexistentes en la medida de que no haya impacto ambiental, y la habilitación de nuevas industrias mediante un cuadro de usos". Igualmente, el funcionario aclaró: "Si los legisladores se ponen de acuerdo y aprueban el proyecto de máxima nosotros vamos a estar de acuerdo".
