Escándalo en Economía: un funcionario ocultó siete mansiones en Miami
Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía y hombre cercano al ministro Luis "Toto" Caputo, enfrenta una denuncia penal tras revelarse que omitió declarar siete propiedades de lujo en Miami ante la Oficina Anticorrupción y la ex AFIP. Las unidades, valuadas entre 187.000 y 310.000 dólares cada una, están ubicadas en localidades exclusivas como Lantana, West Palm Beach, South Palm Beach y Delray Beach, en el condado de Palm Beach de Florida.
El funcionario adquirió los inmuebles entre 2020 y 2022, cuando presidía AUSA (Autopistas Urbanas SA), empresa estatal porteña encargada de obras como el Paseo del Bajo. Cinco de las propiedades están a nombre de sociedades offshore en Delaware, como Genova LLC y Waki LLC, jurisdicción opaca que dificulta rastrear beneficiarios, mientras que al menos una figura directamente a su nombre. Esta omisión en la declaración jurada generó una investigación periodística que derivó en la denuncia del abogado Alejandro Díaz Pascual ante el juez Daniel Rafecas en Comodoro Py.
Frugoni reconoció la irregularidad: "Todo verdad. Cometí un error", afirmó, y aseguró que ya está rectificando tanto su declaración jurada como los datos ante ARCA, alegando que pagó impuestos por los departamentos en Estados Unidos. El caso recuerda escándalos previos en el entorno de Milei, como el de Manuel Adorni, y pone en cuestión la transparencia de funcionarios que promueven la austeridad pública.
"El problema es que si echamos a Frugoni, también tendríamos que echar a Adorni"
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) April 23, 2026
Le encontraron 7 propiedades sin declarar en MIAMI a un funcionario del Ministerio de Economía. Pero ahora por lo de Adorni todos los funcionarios tienen LICENCIA PARA ROBAR ☠️ pic.twitter.com/F5aeF40mDm
Las propiedades no solo representan un patrimonio millonario -superior al millón de dólares en total-, sino que su ocultamiento podría configurar delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad en declaración jurada, tipificados en la ley de ética pública. Frugoni, quien asumió en el Gobierno nacional tras su paso por la gestión porteña, insistió en que la rectificación soluciona el problema, pero legisladores opositores ya anunciaron pedidos de informes y posibles pedidos de jury.
El escándalo irrumpe en un contexto de críticas al Gobierno por su discurso anticorrupción, mientras registros fiscales estadounidenses confirman las tenencias de Frugoni como beneficiario final. Fuentes cercanas al Ministerio de Economía minimizaron el hecho como un "desliz administrativo", pero el caso alimentó el debate sobre el escrutinio patrimonial de funcionarios que manejan áreas sensibles como infraestructura y transporte nacional.
Por ahora, la Justicia federal evalúa la denuncia, que incluye pedidos de oficio a Estados Unidos para obtener documentación completa de las sociedades y transferencias. Frugoni, con bajo perfil público hasta ahora, se transformó en protagonista involuntario de una controversia que podría escalar si no prospera su rectificatoria, en un Gobierno que prometió mano dura contra la "casta" pero enfrenta cuestionamientos internos sobre cumplimiento normativo
