El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a 13 años
El gobierno nacional resolvió retirar del Congreso el proyecto de reforma del régimen penal juvenil que proponía reducir la edad de imputabilidad a 13 años. La decisión se produjo poco después de haber enviado la iniciativa al Parlamento y responde a diferencias políticas surgidas en torno al límite etario planteado originalmente.
Según trascendió en ámbitos legislativos, el principal motivo del repliegue fue la falta de consenso con sectores aliados, que habían acordado previamente fijar la edad mínima en 14 años. Ese punto ya figuraba en un dictamen discutido durante 2025 y contaba con mayor respaldo entre bloques dialoguistas.
Con el retiro del texto inicial, el oficialismo apunta ahora a retomar una versión similar a la debatida el año pasado, aunque incorporando modificaciones vinculadas al financiamiento del sistema. En particular, se prevé asignar partidas específicas a la Defensoría General y al Ministerio de Justicia para garantizar la aplicación efectiva del régimen.
⛓️ El Gobierno dio marcha atrás con la Reforma Penal Juvenil
— Rollinews (@rollinews) February 10, 2026
Este martes, el Gobierno nacional retiró el proyecto de Régimen Penal Juvenil de la Cámara de Diputados debido a la falta de respaldo de los bloques aliados en cuanto a fijar la edad de imputabilidad en 13 años.
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De acuerdo con la nueva redacción, se contemplan más de 20 mil millones de pesos destinados a la Defensoría y unos 3 mil millones para el área de Justicia. En la propuesta anterior, esos recursos quedaban sujetos a decisiones administrativas de la Jefatura de Gabinete, lo que había generado cuestionamientos.
El proyecto mantiene la estructura general de un régimen penal juvenil con sanciones diferenciadas según la gravedad del delito. También prioriza medidas alternativas a la prisión, como programas educativos, tareas comunitarias, reparación del daño y asistencia psicológica, mientras que el encierro quedaría reservado para delitos graves en instituciones especializadas.
Además, se incluye la posibilidad de que el Estado nacional firme convenios con las provincias para implementar el sistema, un reclamo planteado por varios gobernadores preocupados por el impacto presupuestario de la reforma. El tema volverá a debatirse en la Cámara de Diputados en las próximas semanas.
