El GCBA redefine Sbase: de empresa estatal a Sociedad Anónima
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó la transformación de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase) en una Sociedad Anónima Unipersonal (Sbasau), en cumplimiento de la normativa nacional vigente que exige la reconversión de empresas estatales en sociedades anónimas. La modificación quedó formalizada mediante el Decreto 20/2026, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, y forma parte de una reestructuración legal más amplia impulsada por el Ejecutivo nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Según informó el Gobierno porteño, el cambio de figura jurídica no implicará la privatización de la empresa ni la alteración de su control estatal, ya que el 100 por ciento del capital social seguirá en manos del Ejecutivo de la Ciudad. SBASE, que hasta ahora funcionaba como una sociedad del Estado regulada por normas específicas del derecho público, pasará a regirse por la Ley General de Sociedades (Ley 19.550) del derecho privado, bajo la forma de Sociedad Anónima Unipersonal.
La transformación se inscribe en el marco de la derogación de la Ley de Sociedades del Estado (Ley 20.705) por el DNU 70/2023, que eliminó esa figura legal y ordenó que todas las entidades con participación estatal se constituyan como sociedades anónimas. La administración porteña argumenta que esta adecuación jurídica responde a la necesidad de armonizar la empresa con el marco legal actual y facilitar su gestión corporativa.
🚇 CABA cambió el status de SBASE, la empresa que controla el subte.
— iProfesional (@iProfesional) January 20, 2026
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Bajo la nueva estructura, Sbase conservará su misión de administrar, desarrollar y regular el sistema de subterráneos de la Ciudad —compuesto por las seis líneas (A, B, C, D, E y H) y el Premetro— manteniendo la concesión operativa de la red a cargo de la empresa Emova. El objeto social de la nueva sociedad abarcará la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y la ejecución de obras de infraestructura vinculadas a la red de subtes.
El capital social de la empresa fue fijado en más de 1,18 billones de pesos, representado por un número equivalente de acciones nominativas ordinarias, que podrán ampliarse hasta cinco veces ese monto mediante escritura pública. Aunque la incorporación del capital accionario suscita especulaciones sobre una posible apertura al mercado de capitales o venta de acciones en el futuro, desde el Ejecutivo porteño aseguraron que no existen planes inmediatos de privatización y que cualquier modificación futura requeriría la aprobación de la Legislatura.
La medida se produce en un contexto en el que el transporte público enfrenta desafíos históricos de financiamiento, modernización y expansión, en especial con proyectos relevantes como la línea F en etapa de licitación y ejecución. Para las autoridades, la nueva figura jurídica busca dotar a la empresa de mayor flexibilidad para contratar, financiar y gestionar inversiones, aunque sectores críticos advierten sobre los riesgos de cambios estructurales en la administración de un servicio esencial para más de un millón de usuarios diarios.
