El Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares a los abogados de CFK

Tras perder un juicio civil, el Estado deberá pagar casi 10 millones de dólares en honorarios para los abogados de Cristina Fernández Kirchner y los del resto de los acusados de la causa Vialidad en un momento donde la Justicia aún no logró decomisar nada de los 587 millones de dólares que debe pagar la exmandataria por su condena.

Debido a que Vialidad Nacional dejó caer la causa civil, dado que no continuó con el reclamo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la "caducidad de la instancia" y dio por terminado el juicio. Acto seguido, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados que ganaron en este juicio civil.

En un último intento por evitar el pago, desde Vialidad Nacional se presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, entidad que deberá resolver si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio, teniendo en cuenta la inactividad de fondo del Estado en la demanda civil iniciada durante el gobierno de Alberto Fernández y que se prolongó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, en la gestión de Javier Milei.

En un principio, los abogados de los condenados y absueltos pidieron que se calculen los honorarios correspondientes y reclamaron el cobro de los mismos, aunque la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal frenó el trámite de regulación de honorarios el 14 de julio hasta que se presente la postura de la Corte Suprema.

Poco después, Luis Goldín y Fernando Muriel, abogados de CFK, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios, denunciaron "privación de justicia" y solicitaron la anulación de la decisión de la Cámara Civil y Comercial Federal de congelar las regulaciones. En total, se disputan unos 13.614 millones de pesos para doce letrados.

Desde su lugar, Goldín y Muriel, quienes cerraron por caducidad el juicio civil que Vialidad Nacional inició contra Cristina, se presentaron el 4 de agosto ante la Corte Suprema y solicitaron que el tribunal se avoque al expediente y declare la nulidad de la resolución que frenó la regulación de honorarios.

Los letrados realizaron una presentación directa por "efectiva privación de justicia" y explicaron que el Código Procesal Ciristinavil y Comercial establece que no corresponde frenar la regulación de honorarios mientras que la Corte no haga lugar a una queja, todo en el marco del juicio civil que cayó por caducidad por falta de impulso del Estado.

En total se disputan 13.614 millones de pesos, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibañez, quien recibirá unos 3714 millones de pesos o 2.427.604 de dólares con un adicional del 40% por cumplir su rol como apoderado.