Polémica entre Di Lorenzo y Fatala por la superposición de los controles
"Decir que el Ente se debe dedicar a hacer encuestas, es como pedirle al secretario de Obras Públicas que se dedique a pedir los partes meteorológicos para ver cuándo la ciudad se inunda", disparó el titular interino del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, José Luis Di Lorenzo.
El miércoles el funcionario había encendido la mecha de la discordia al denunciar públicamente que la Ciudad gasta cerca de 15 millones de pesos de más por la superposición de tareas de control que su área ya realiza. La reacción no tardó en llegar y ese mismo día el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, le contestó que el Ente "debería hacer encuestas de opinión para medir el grado de satisfacción de los usuarios y ver qué puntos están flojos".
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos, precisamente, fue señalada por el Ente Regulador como la principal responsable en la superposición de los controles, con un sobre gasto de 8.543.492 pesos, seguida por las secretarías de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano (con 6.006.907 pesos de gasto superpuesto), Control Comunal (221.794 pesos) y Hacienda (12.811 pesos).
El organismo que dirige Di Lorenzo requirió a la Auditoría y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Ciudad que se adopten las medidas necesarias para hacer efectivas las atribuciones constitucionales del organismo, "a fin de hacer cesar la obstaculización sobre el control de la calidad de los servicios públicos y gastos innecesarios, como por ejemplo en el servicio de basura donde se les paga a las empresas Ceamse y Iatasa más de 3 millones de pesos por autocontrolarse".
"Es muy claro que hay una resistencia, que no se entiende, de parte del Gobierno de la Ciudad para que el Ente ejerza el control constitucional y legal respecto de la calidad de los servicios. Y esto es de fundamental importancia porque un Ente con autarquía es independiente del Poder Ejecutivo y del poder político, es decir, si el Ente fiscaliza algo que amerite una sanción ésta no puede ser revisada políticamente, eso solo puede hacerlo la justicia", afirmó Di Lorenzo. Y agregó : "Cuando se renegoció el contrato de multas fotográficas se excluyó el control del Ente y se lo derivó a un área del gobierno. En el nuevo pliego de higiene urbana sucede lo mismo".
Las duplicaciones de funciones denunciadas por el Ente se observan en los siguientes servicios públicos: transporte de pasajeros, alumbrado público y señalamiento luminoso, higiene urbana, estacionamiento por concesión, conservación y mantenimiento vial, recolección y tratamiento de residuos patogénicos, televisión por cable e infracciones de tránsito.
"Si bien la Ciudad avanzó en la organización de sus propias instituciones, esto no se ha reflejado en el traspaso ordenado por parte de la Administración Central de las funciones relativas al control sobre los servicios públicos que le competen al Ente Único Regulador. Esta situación genera la duplicación de funciones y de órganos del Estado y conspira contra una ordenada gestión de gobierno, con el consecuente derroche de recursos en un momento en que el Estado debe extremar la racionalidad en el destino de los gastos públicos", concluyó Di Lorenzo.
