Una ley para proteger los derechos de los chicos

En las próximas semanas, el Congreso de la Nación se dispone a aprobar definitivamente a un proyecto de Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La Cámara de Diputados deberá volver a analizar la iniciativa dado que, si recibió sanción por parte del Senado tuvo una serie de modificaciones.

El proyecto -que está basado en propuestas de las diputadas Hilda González de Duhalde, María Elena Barbagelata y Cinthya Hernández- crea la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

Sobre este punto la diputada nacional por la Ciudad, Juliana Marino, presentó una disidencia que se funda esencialmente en "evitar la instauración de un organismo que se superpone con una institución creada constitucionalmente como es el Defensor del Pueblo de la Nación. No acuerdo con que el Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes sea creado como una nueva institución, con las complejidades burocráticas que ello plantea, sino que propicio que dicha figura sea instituida en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Nación, con el carácter de Defensor Adjunto".

Para la diputada kirchnerista "es constitucionalmente procedente desechar la figura del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y aprobar el resto de las adiciones y correcciones realizadas por el Senado de la Nación".

Pese a la observación, Marino se mostró muy satifescha con la inminente sanción de la norma que tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

El incumplimiento de esta ley por parte de los órganos gubernamentales del Estado habilitará a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos.

La iniciativa establece que las políticas públicas de la niñez y adolescencia tendrán como norte el fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia; la gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente; la promoción de redes intersectoriales locales; y la constitución de organizaciones y organismos para la defensa y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En ese sentido, reconoce 24 derechos principales entre los que se encuentran el Derecho a la Vida, a la Dignidad y a la Integridad Personal, a la Vida Privada e Intimidad Familiar, a la Identidad, a la Salud y a la Educación. A fin de asegurarlos, los organismos del Estado deberán establecer políticas y programas de inclusión para las niñas, niños y adolescentes, que consideren los recursos y la situación de los mismos y de las personas que sean responsables de su mantenimiento.

Entre las instituciones que crea la iniciativa, cabe mencionar al Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, conformado por todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal, destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y establece los medios a través de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados de derechos humanos ratificados por el Estado argentino y el ordenamiento jurídico nacional.

Por otra parte, se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, la que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil. La misma será presidida por un Secretario de Estado designado por el Poder Ejecutivo nacional y deberá garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos organismos con el fin de establecer y articular políticas públicas integrales, entre otras cosas.