Macri denunció una red de corrupción en el área de habilitaciones
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en conferencia de prensa junto a la vicejefa Gabriela Michetti y el ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo, denunció la existencia de un circuito para levantar clausuras por contaminación ambiental dentro de la Dirección General de Control Ambiental. El mismo se descubrió a partir de una serie de denuncias realizadas por cinco empresas.
Según explicó Piccardo, el proceso se iniciaba a raíz de una inspección ocular y posterior clausura de una empresa, fundamentándola en alguna norma de protección al medio ambiente. Luego el inspector y un policía precedían a firmar el acta, al mismo tiempo que recomendaban a la empresa la necesidad de contratar un cierto abogado ambientalista. Éste, una vez en contacto con la empresa, se presentaba como el dueño del "monopolio de la solución", reclamando 55 mil dólares dólares para hacer levantar la clausura.
El abogado ambientalista denunciado es Carlos Espina, ex funcionario del Ministerio de Seguridad a cargo de Diego Gorgal (durante la gestión de Jorge Telerman). También estaba involucrado el director general de Control de la Calidad Ambiental, Javier Figori, actuando como intermediario. La denuncia está radicada en el juzgado Nº 39, secretaría 131.
La presentación judicial de las autoridades porteñas surge a raíz de que cinco empresas presentaron denuncias al Gobierno de la Ciudad describiendo el mismo procedimiento. Esto lo llevó a iniciar una investigación que concluyó en una demanda ante la Justicia, con la presencia de diversas pruebas, incluyendo videos y grabaciones telefónicas. Al mismo tiempo se inició un sumario administrativo y se reveló a Figori de su cargo, reemplazándolo por Juan Carlos Pigñer.
Macri expresó su dolor como jefe de Gobierno y como ciudadano, alentando a la población a realizar denuncias en caso de conocer alguna irregularidad similar, lo cual puede realizarse a través de un llamado al Nº 0800-999-2727. "Me siento indignado. Este abogado decía que 'tener el monopolio de la solución' costaba mucho dinero", señaló. Michetti, por su lado, puntualizó que este caso demuestra que se realizan avances en el proceso de "ordenar el control y fiscalización de las actividades de la ciudad".
Al mismo tiempo que avance la causa por la denuncia, aquellas empresas que fueron víctimas del intento de extorsión -adelantaron que una pagó los 55 mil dólares- no se liberarán del circuito de habilitación que corresponda ya que, en palabras de Macri, "nadie tiene que contaminar".
