Publicado: 22/10/2004 UTC General Por: Redacción NU

Se aprobó la Ley de Discapacidad

Pese a la polémica que se había generado en torno a este tema, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que regula la incorporación de personas con necesidades especiales a la administración pública de la Ciudad. El cupo no podrá ser inferior al cinco por ciento establecido en la Constitución
Se aprobó la Ley de Discapacidad
Redacción NU
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Este jueves la Legislatura porteña sancionó por unanimidad una ley para regular la incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.

Ocurre que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 43, establece que se debe garantizar a los discapacitados un cupo de al menos un cinco por ciento en la administración pública, pero aún no estaba regulado el procedimiento.

La iniciativa aprobada este jueves se basa en diferentes proyectos presentados por los diputados Ricardo Busacca, Sandra Bergenfeld (Juntos por Buenos Aires), Alicia Bello (Compromiso para el Cambio), Juan Manuel Velasco (Espacio Plural) y Mónica Bianchi (Autonomía Popular).

En las semanas previas a su llegada al recinto, la iniciativa fue respaldada por unos y criticada por otros. Incluso se produjeron unas declaraciones cruzadas entre los diputados Busacca y Bianchi, quienes debatieron sobre la "autoridad moral" que tenían los integrantes de la Comisión de Legislación General y de Trabajo para opinar en la materia. También la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) manifestó su desacuerdo con el proyecto consensuado. El motivo de la discusión era si el cupo mínimo del cinco por ciento debía incluir sólo a los empleados de planta permanente o también a las otras modalidades, como la planta transitoria o los contratados.

Finalmente, se acordó que la incorporación de personas con necesidades especiales será obligatoria cuando se deban cubrir cargos de planta permanente en el Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires.

El Sector Público comprende a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades.

En el caso de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, el cupo mínimo del cinco por ciento para las personas con necesidades especiales deberá cumplirse respecto de la participación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga en ellas.

En todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la ley.

Durante el debate, la diputada Alicia Bello señaló: "Si bien mi proyecto incluía a todas las modalidades de contratación, entiendo que se llegó a un acuerdo en otro sentido. Si esto hace que verdaderamente se cumpla con esta disposición de la Constitución y se logre así la estabilidad laboral para las personas con necesidades especiales, yo voy a apoyar la norma".

Por su parte, el diputado Martín Borrelli (Compromiso para el Cambio), presidente de la Comisión de Legislación General y de Trabajo, explicó: "Nosotros prevemos que esta incorporación se haga a partir de la apertura de los concursos que se han anunciado para el año que viene, algunos en el Poder Ejecutivo, muchos otros en el Poder Judicial, porque está prevista la creación de varios juzgados. De todas maneras, hemos aprobado una cláusula transitoria que establece que hasta tanto no haya concursos estas vacantes se vayan cubriendo en las locaciones de servicios, pasantías y otras modalidades". La importancia de esta cláusula transitoria también fue destacada por el diputado Norberto La Porta.

La incorporación de personas con necesidades especiales deberá ser gradual y progresiva para cubrir el cupo mínimo del cinco por ciento, calculado sobre la base de la totalidad del personal que al momento de la sanción de la ley revistiera en la planta permanente de cada una de las jurisdicciones y entidades mencionadas. Dicha incorporación deberá efectuarse en el plazo máximo e improrrogable de cinco años a partir de la sanción de la norma. Para eso, deberá incorporarse al menos un dos por ciento en los dos primeros años.

La Comisión para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) -cuyo presidente, Antonio Cóppola, estaba presente en el recinto- elaborará los planes y políticas tendientes a la ubicación, capacitación, adaptación laboral y accesibilidad al puesto de trabajo de personas con necesidades especiales, a los fines de una apropiada utilización del potencial humano y de los recursos físicos y pecuniarios.

Por otra parte, la COPINE redactará un registro de personas con necesidades especiales que aspiren a obtener un empleo en las jurisdicciones y entidades enunciadas, con el objeto de facilitar su incorporación en los plazos y condiciones establecidos en la ley. El Registro de Aspirantes contendrá, como mínimo, la siguiente información: datos personales; constancia del certificado de discapacidad emitido por autoridad competente, estudios y antecedentes laborales.

Borrelli agregó: "La sanción de esta norma es una satisfacción muy grande. Me tocó conducir este proceso pero si no hubiera sido por el aporte de los demás diputados esto no hubiera podido salir adelante. De hecho la votación por unanimidad está reflejando que esta era una vocación y una voluntad de todo el Cuerpo. Hemos dado un paso muy importante a nivel institucional para recuperar para estas personas la dignidad y el trabajo que tanto necesitan".

En el mismo sentido, Busacca sostuvo: "Nosotros creíamos que había diferencias semánticas y formales pero que el espíritu era incorporar un piso no inferior al cinco por ciento en la administración pública. Por suerte, vimos que salió por unanimidad y para eso estuvimos trabajando en el recinto a fin de pulir esos detalles. Lo más importante es que hemos cumplido con este sector que tiene dificultades, que siempre ha sido postergado y que, en última instancia, es gente que tiene una incapacidad pero ningún otro tipo de dificultad para integrarse al mundo laboral dentro de sus posibilidades".

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