Denuncias contra jueces: solo 1,3% terminó en sanción o remoción
Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que apenas el 1,3% de las denuncias presentadas contra jueces federales y nacionales en el Consejo de la Magistratura terminaron con una sanción al denunciado. Durante 27 años, se presentaron un total de 5.170 denuncias, de las cuales 4.910 fueron cerradas, 260 siguen en trámite, y solo 43 magistrados recibieron sanciones disciplinarias, además de 21 destituciones.
El estudio destaca que 469 denuncias fueron desestimadas por caducidad, es decir, por el paso del tiempo sin resolución, lo que evidencia una preocupante pasividad institucional.
El informe titulado “¿Justicia intocable?” señala que el proceso disciplinario es lento y poco eficiente, ya que las reuniones del Consejo de la Magistratura son cada vez menos frecuentes y no existe un calendario fijo para avanzar en las investigaciones. Además, muchas denuncias son desestimadas “in limine” por no cumplir requisitos mínimos. Casos emblemáticos como los de los jueces Diego Hernán Papa, Ariel Lijo y Federico Villena ilustran cómo denuncias graves terminan archivadas o sin sanciones concretas, lo que alimenta la percepción de impunidad dentro del poder judicial.
Especialistas consultados por ACIJ coinciden en que la estructura actual favorece la protección de los jueces y dificulta la remoción de magistrados por mal desempeño o delitos. La exdiputada y exconsejera Marcela Rodríguez advierte que la Comisión de Disciplina protege a los jueces, mientras que el director de la Escuela de Política de la Universidad Austral, Alfonso Santiago, señala que aunque el Jurado de Enjuiciamiento funciona adecuadamente en sus decisiones, no todos los casos graves llegan a esa instancia.
Por último, Mauro Benente, profesor de Derecho, alerta que la baja cantidad de sanciones podría deberse tanto a la excelencia judicial como a la ineficacia institucional. El Consejo de la Magistratura, por su parte, sostiene que las denuncias deben superar una alta barrera para avanzar y que la mayoría de ellas responden a disconformidades con decisiones judiciales y no necesariamente a faltas comprobadas.
El informe concluye que la garantía de independencia judicial puede convertirse en garantía de impunidad si los procesos disciplinarios no se efectivizan.
