Denuncian “avance de la rusofobia” en Argentina
Un conjunto de organizaciones que integran el Consejo Coordinador de Compatriotas de Rusia en Argentina (CCOCRA) emitió un duro pronunciamiento en el que advirtió sobre un “preocupante incremento de manifestaciones de rusofobia” en el país, y cuestionó declaraciones recientes de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El documento, fechado el 6 de mayo en Buenos Aires, fue dirigido al presidente Javier Milei, a funcionarios nacionales, al Congreso y a la opinión pública.
En el texto, los firmantes sostienen que existe una “creciente estigmatización” hacia ciudadanos rusos y rusoparlantes, tanto en el ámbito mediático como institucional. En particular, señalaron que expresiones de la ministra, en las que vinculó a un ciudadano ruso con presuntas redes de “ciberinfluencia” sin presentar pruebas judiciales, contribuyen a generar “una imagen negativa y generalizada hacia las personas de origen ruso”.
El pronunciamiento advierte que este tipo de discursos puede derivar en consecuencias concretas, como hechos de vandalismo contra espacios vinculados a la comunidad rusa. En ese sentido, menciona ataques a la Catedral Ortodoxa Rusa en Palermo y a la plaza de la Federación de Rusia en Belgrano, los cuales, según sostienen, son resultado de “un clima de opinión que construye al ‘ruso’ como sinónimo de amenaza”.
Las organizaciones remarcan que la legislación argentina vigente, como la Ley 23.592 contra actos discriminatorios y tratados internacionales con jerarquía constitucional, prohíben cualquier forma de discriminación basada en la nacionalidad. En esa línea, subrayan que asociar el origen nacional de una persona con conductas delictivas “sin condena firme” vulnera el principio de presunción de inocencia y puede constituir una forma de incitación al odio.
Asimismo, el documento reclama a las autoridades que se abstengan de emitir declaraciones que generalicen sospechas sobre una colectividad, y exige que se investiguen y sancionen los actos de violencia contra instituciones y espacios de la comunidad rusa. También rechaza posibles restricciones migratorias que afecten derechos adquiridos, como el acceso a la salud y la educación.
Finalmente, los firmantes reivindican el aporte histórico de la colectividad ruso-argentina, con más de 140 años de relaciones diplomáticas y múltiples olas migratorias. “En Argentina juzgamos a las personas por sus actos concretos y no por su nacionalidad”, concluye el pronunciamiento, al tiempo que advierte que “el camino hacia la rusofobia institucionalizada es incompatible con el Estado de Derecho”.
