De autos sin conductor a drones terrestres: la curiosa prueba que habilitó la Ciudad

La imagen de un vehículo circulando por Buenos Aires sin nadie al volante ya no pertenece solamente a una película de ciencia ficción. Tampoco lo sería la de pequeños robots desplazándose por espacios públicos, para realizar tareas de manera autónoma. Desde el Gobierno de la Ciudad acaban de habilitar formalmente la posibilidad de probar ambas tecnologías en el territorio porteño.

La autorización fue publicada esta semana en el Boletín Oficial y permite realizar pruebas piloto de vehículos autónomos Nivel 4 SAE y drones terrestres autónomos. La medida fue adoptada por el secretario de Transporte, que depende del Ministerio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno porteño. Éste estableció un procedimiento específico para que quienes quieran realizar estas pruebas puedan solicitar autorización de circulación.

El término “drones terrestres” es probablemente uno de los aspectos más llamativos de la resolución. No se trata de drones que vuelan, sino de dispositivos pequeños, generalmente con varias ruedas, capaces de desplazarse por sí mismos y de realizar determinadas tareas. En la normativa aparecen también bajo denominaciones internacionales como Dispositivos Automatizados de Entrega (ADD) o robots de servicio urbano.

Según explica el Gobierno porteño, estos equipos podrían utilizarse para actividades de última milla, transporte de cargas livianas, limpieza de calles, mantenimiento, inspección, monitoreo urbano o servicios de proximidad. También se contempla su utilización en espacios como veredas, parques, áreas industriales y corredores logísticos.

En paralelo, en la resolución se habilitan las pruebas de vehículos autónomos Nivel 4 de la clasificación SAE, una categoría bastante más avanzada que los sistemas de asistencia a la conducción que ya incorporaron muchos automóviles. En este nivel, el vehículo puede operar de manera completamente autónoma dentro de determinados entornos, sin que sea necesaria la intervención humana durante la conducción. La autonomía, sin embargo, puede estar restringida a determinadas zonas, recorridos o condiciones.

Por ahora, no se está habilitando una circulación libre de estos vehículos por cualquier calle porteña. En la medida se establece un régimen de pruebas piloto, precisamente con el objetivo de reunir experiencia antes de establecer un marco regulatorio específico.

Por la resolución se autorizan las pruebas, “con el fin de recabar experiencias y evaluar nuevas modalidades de vehículos” y remite a un conjunto de requisitos técnicos y administrativos, que se incluyen en un anexo. También se aprobó un procedimiento para solicitar una autorización de circulación, de modo que cada prueba deberá contar previamente con la aprobación correspondiente.

La dependencia que queda directamente involucrada en la implementación es la Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Movilidad e Infraestructura. En el proceso también intervino la Dirección General de Seguridad Vial, dependiente de la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial. A su vez, tomaron intervención la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad y la Seguridad Vial y la Subsecretaría de Gestión y Control de la Movilidad.

En la resolución se establece que la Secretaría de Transporte fue facultada para dictar las normas necesarias vinculadas con las pruebas piloto previstas en el Código de Tránsito y Transporte porteño. Ese marco permitirá a la autoridad de aplicación disponer experiencias destinadas exclusivamente a evaluar las nuevas modalidades de servicios y vehículos de transporte, así como dictar modificaciones o adecuaciones de los servicios existentes.

Las pruebas deberán desarrollarse bajo condiciones controladas y teniendo en cuenta cuestiones como la seguridad vial, la protección de datos personales, la responsabilidad civil y la trazabilidad de la información generada durante los recorridos. También se establece que deberán garantizarse estándares de seguridad para todos los usuarios del espacio público, con especial atención sobre peatones, ciclistas y personas con movilidad reducida.

Para eso, quienes pretendan poner en circulación un vehículo autónomo o un dron terrestre deberán presentar una solicitud de autorización siguiendo el procedimiento aprobado por la Secretaría de Transporte. La documentación deberá contemplar las características del dispositivo y las condiciones en las que se desarrollará la prueba, además de los requisitos técnicos establecidos por la normativa.

Entre las condiciones mencionadas por la resolución aparecen la necesidad de contar con seguros específicos y con sistemas de registro de datos a bordo que permitan garantizar la trazabilidad de lo ocurrido durante la operación. La información registrada será, de acuerdo con los fundamentos de la medida, uno de los elementos necesarios para evaluar el desempeño de estas tecnologías en condiciones reales.

La normativa toma como referencia la clasificación técnica internacional SAE J3016, que establece seis niveles de automatización vehicular. El Nivel 4 es aquel en el que el sistema puede realizar de manera autónoma todas las tareas de conducción dentro de un entorno determinado. Esto lo diferencia del Nivel 3, en el que todavía existe la posibilidad de que el sistema solicite al conductor que retome el control.

En el caso de los drones terrestres, el Gobierno porteño describe una categoría diferente a la de los automóviles autónomos. Se trata de plataformas compactas, de varias ruedas y velocidades reducidas, pensadas fundamentalmente para automatizar tareas específicas. La resolución menciona entre ellas los servicios de entrega de última milla, la limpieza urbana, el mantenimiento público, las tareas de inspección y los sistemas móviles de monitoreo.

El texto también señala que el desarrollo de estas tecnologías estuvo impulsado por los avances en inteligencia artificial, visión computacional, sensores LiDAR, sistemas de posicionamiento satelital, conectividad y procesamiento de datos a bordo. Según los fundamentos oficiales, esos avances permitieron que determinados dispositivos puedan desplazarse de manera autónoma por espacios urbanos, logísticos e industriales.

En el Gobierno se plantea que la experiencia servirá para evaluar el comportamiento de estas tecnologías y reunir información antes de avanzar hacia una regulación específica. En ese sentido, la autorización no equivale todavía a la incorporación de estos vehículos como parte habitual del sistema de transporte porteño, sino que establece un marco para realizar pruebas.

Otro dato que surge de la resolución es que no se detallan los montos que demandarán las pruebas piloto. El texto publicado en el Boletín Oficial no informa acerca de un presupuesto asignado, ni un costo estimado ni una partida específica para la implementación de estas experiencias. Tampoco se establece en la resolución cuántas pruebas se realizarán, cuántos vehículos o dispositivos podrían participar, ni un cronograma de implementación.

En la normativa tampoco se identifica en esta instancia a las empresas o desarrolladores que podrían participar de las pruebas. Lo que queda establecido es el procedimiento que deberán seguir los interesados en obtener una autorización de circulación y los requisitos que deberán cumplir los vehículos o dispositivos para ser evaluados.

La decisión se apoya además en el marco nacional de tránsito, que ya reconoce la existencia de vehículos autónomos. En particular, la reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito contempla unidades equipadas con sistemas complejos de sensores, posicionamiento y procesamiento de datos destinados a complementar, mejorar o asistir la capacidad humana de manejo en entornos predeterminados.

La decisión, según se informó, se fundamentó en el avance internacional de estas tecnologías y en el potencial que, según se sostiene, tienen para reducir siniestros viales, mejorar la eficiencia del transporte y disminuir la congestión. En la resolución se señaló además que su evolución y prueba vienen avanzando en distintos países y que la Ciudad busca contar con experiencias propias antes de establecer un marco regulatorio.