Estudian modificaciones a la Ley de Acceso a la Información

Recientemente la organización no gubernamental (ONG) Democracia Representativa presentó un recurso de amparo ante la Justicia en el que pide que se les exija a los 60 diputados porteños la exposición de sus declaraciones juradas, con todos los detalles requeridos, para elaborar así una guía pública de autoridades porteñas. Esta presentación fue producto de que sólo 20 legisladores respondieron la solicitud que previamente realizó la ONG.

Los diputados porteños que respondieron la solicitud fueron Paula Bertol, Gabriela Michetti, María Soledad Acuña, Marcelo Godoy, Marcos Peña, María Florencia Polimeni (Frente Compromiso para el Cambio); Juan Carlos Lynch, Diego Santilli, Álvaro González (Juntos por Buenos Aires); Jorge San Martino (Unión para Recrear Buenos Aires); Beatriz Baltroc y Mónica Bianchi (Autonomía Popular); María Eugenia Estenssoro y Juan Manuel Velasco (Espacio Plural); Silvia La Ruffa, Marta Talotti, Ana María Suppa (Frente para la Victoria); Vilma Ripoll (Izquierda Unida); Fernando Melillo (ARI) y Milcíades Peña (Confluencia).

Pero fueron los 60 los que presentaron en sobres cerrados sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Junta de Ética de la Legislatura, que preside el diputado Juan Carlos Lynch (Juntos por Buenos Aires; demócrata).

La Ley 104 establece que no se suministra información que afecte la intimidad de las personas, ni bases de datos de domicilios o teléfonos. Las declaraciones juradas patrimoniales son públicas.

En tanto, el reglamento interno de la Legislatura sostiene que los legisladores deben presentar ante la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, "una Declaración Jurada Patrimonial con la descripción de activos, pasivos e ingresos propios y del/la cónyuge e hijos menores no emancipados". Además asegura que "todas las Declaraciones Juradas están a disposición de cualquier persona que solicite examinarlas".

Este martes se llevó a cabo una reunión de la Junta, y en ella se decidió mayoritariamente en qué sentido la Legislatura responderá el amparo presentado. "La decisión de dar a conocer las declaraciones juradas no puede ser tomada por el presidente o el director de la Junta, sino que es algo que debe autorizar el legislador. Las cartas donde se avisaba del pedido de Democracia Representativa fueron enviadas y cada diputado fue dueño de hacer lo que considerara correcto", sostuvieron funcionarios presentes.

Por su parte, el titular de la ONG, Maximiliano Campos Ríos, que es quien presentó el pedido de amparo en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario porteño Nº 9, sostuvo que su pedido "es algo tan sencillo como cumplir la ley". Además de clasificar los argumentos de los diputados como "disparatados" e "inaceptables", dijo que no cree que "los secuestradores vayan a fijarse en las declaraciones juradas para ver si (los diputados) tienen dinero o no".

Fuentes legislativas relacionaron la presentación del escrito y la guía legislativa que intenta publicar Democracia Participativa con algunos legisladores porteños, ya que Campos Ríos sería empleado transitorio de la Legislatura y la ONG estaría relacionada con el esposo de una diputada porteña que, obviamente, respondió la solicitud, de la misma manera que lo hizo su compañero de bloque.

Consultada por NOTICIAS URBANAS, la diputada Sandra Bergenfeld (Juntos por Buenos Aires) sostuvo: "Estoy analizando seriamente presentar un proyecto para introducir modificaciones a la ley, porque si bien considero que es totalmente válido reclamar información patrimonial de los funcionarios públicos, creo que nosotros debemos legislar y no andar contestando los pedidos de información que nos haga cualquiera de las tantas organizaciones que hay en la Ciudad".

Bergenfeld aclaró: "Lo más conveniente sería canalizar en una sola organización toda la información, como por ejemplo, Poder Ciudadano, con la que he estado trabajando. El cuestionario que enviaron de Democracia Participativa era de siete hojas, y en él se preguntaba hasta a qué colegio concurrían mis hijos. Por eso, me parece indispensable poner un límite al tema".

En el mismo sentido, Lynch señaló: "¿Qué significa público? De la manera en que está redactado el artículo del Reglamento Interno no queda demasiado claro, por eso entiendo que es necesario aclarar el alcance y definir un procedimiento para dar a conocer la información".

También manifestó: "Que esto sea inseguro, no significa que no se cumpla la ley. Pero en los tiempos que estamos viviendo, hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los datos patrimoniales. No se puede poner en riesgo a la familia de uno, ni jugar con la seguridad ajena. Me parece que una cosa es cumplir con las normas y otra empapelar las paredes con los datos de todos los legisladores".