Piensan en un plan de gestión integral para resolver la crisis de la CEAMSE
La crisis de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana - Sociedad del Estado (CEAMSE) derivó en los últimos días en un ejercicio de terrorismo verbal que, a cargo de algunos funcionarios bonaerenses, estaba destinado a amedrentar al Gobierno porteño, que sólo dificulta la búsqueda de una solución seria para un problema que excede largamente a un eventual conflicto interjurisdiccional.
Los protagonistas de esta ofensiva se sintieron justificados por algunas manifestaciones de vecinos de diferentes distritos, que se oponen a que la basura porteña sea depositada en las cercanías de sus viviendas. Incluso, aquéllos le endilgaron al Gobierno porteño un supuesto descompromiso con la solución al problema que afronta la CEAMSE.
Nada dijeron, en cambio, acerca de la enorme deuda que mantienen con la empresa los propios municipios del conurbano -que ronda los 40 millones de pesos-, ni tampoco acerca del subsidio encubierto que aporta la Ciudad de Buenos Aires, que debe pagar 41,70 pesos por cada tonelada de residuos que se entierra en "Norte III". Sólo como comparación, los municipios -que, a diferencia de la Ciudad, transportan sus propios residuos- abonan algunos centavos más allá de los 15 pesos por tonelada. La Ciudad, si también transporta sus residuos hasta los centros de disposición final, paga 18,29 pesos por tonelada, es decir, un sobreprecio de casi el 20 por ciento.
Mientras tanto, en una reunión que se realizó este martes en La Plata, funcionarios del Poder Ejecutivo, el presidente de la CEAMSE -Carlos Hurst- y una delegación de legisladores bonaerenses decidieron archivar, por ahora, el proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Senado, en el que autorizaban al gobernador a disolver la empresa estatal. A cambio, la Legislatura avanzaría en una propuesta sobre una norma integral, que contemple el tratamiento previo a la disposición final de los residuos generados en los centros urbanos y la propia disposición de los residuos.
LOS INTENDENTES TAMBIÉN SE SUBIERON A LA OLA
En el transcurso del último mes, cuatro intendentes de las localidades del conurbano bonaerense en las que están situados los cuatro centros de disposición final de residuos -Quilmes, Avellaneda, Ensenada y San Miguel-, encararon diversos métodos de resistencia al traslado y enterramiento de la basura en sus zonas.
Uno de los pioneros fue el intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, que encabezó un piquete de vecinos que impidió el paso de los camiones de residuos de los municipios del sur bonaerense que se dirigían al basural a cielo abierto de Villa Dominico.
El intendente de Quilmes, Fernando Geronés, por su parte, recurrió a la justicia para evitar que los camiones transportaran la carga de los ocho municipios sureños a su distrito. Lo mismo ocurrió en Ensenada, en donde también hubo manifestaciones vecinales que terminaron abortando el arribo de los camiones de la basura a esa jurisdicción.
En la tarde del martes, el intendente de San Miguel y candidato a gobernador, Aldo Rico, advirtió que el "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como el de la Provincia de Buenos Aires, están enviando a San Miguel desde hace 15 días toda la basura que descargaban en Villa Domínico y alrededores". Rico se disponía, en la mañana del miércoles, a denunciar las "atrocidades ambientales" que esta situación podría acarrear.
La última semana, Rico intimó, por medio de sendas cartas-documento, al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, al gobernador bonaerense Felipe Solá y a la Jefatura de la Guarnición Militar de Campo de Mayo -en donde se sitúa el lugar en el que se están arrojando los residuos-.
Rico tachó como "desmedido" el volumen de residuos que recibe el Centro de Disposición Final "Norte III", que está situado en Campo de Mayo, "ya que el lugar elegido puede recibir hasta 4.000 toneladas de residuos y se está descargando tres veces esa cantidad".
SOLUCIONES PARA UN CONFLICTO EN EL QUE NO HAY INOCENTES
Más allá de la hojarasca que significan las declaraciones altisonantes, todos los temas relacionados con el tratamiento de los residuos que se generan en los grandes centros urbanos suelen ser motivo de discusiones y propuestas.
Una cosa es segura: el modelo empresarial en el que se sustenta la CEAMSE está agotado. Concebida en tiempos de la dictadura, cuando Ibérico Saint-Jean y Osvaldo Cacciatore eran dueños de vidas y haciendas, excluyeron de la mesa de decisiones a los intendentes, que son los clientes principales.
De todos modos, tras 20 años de democracia, tampoco se implementaron los canales para la participación de todos los actores que intervienen en la actividad. Predominó en todos estos años una concepción anclada en el autoritarismo original, en el que no estuvieron ausentes las denuncias por corrupción y el reclamo permanente por una mayor participación, originado en los intendentes y distintas ONG's. Ésta es la concepción que no puede seguir vigente.
