La presión legislativa
Frases que mezclan un origen turbio y lo mejor de los bajos fondos se convierten por el capricho del tiempo en verdades de contundencia noqueadora. En el argot policial existe una que baja a la realidad de la calle a los ansiosos neófitos. Ante una acción que en apariencia parece tener un efecto demoledor sobre el enemigo de turno, los experimentados mascullan en tono sombrío la máxima fierrera: ?Los muertos se cuentan fríos?.
La traducción políticamente correcta ante tal apreciación significa que un caso o causa no está totalmente resuelto hasta que se llega al final de la misma. Para ser más claro, el enemigo debe sufrir una derrota total. El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, no tiene por qué saber cómo funcionan los mecanismos del submundo judicial; sin embargo, las acciones que realizó para desligarse de la causa sobre el espionaje porteño fundamentan el hecho de que el jefe comunal sólo cree que para verse librado del caso, basta con decir que no tiene nada que ver o que el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo del expediente caratulado ?James, Ciro Gerardo y otros sobre intervención de las comunicaciones?, es un magistrado cercano al matrimonio presidencial y que sólo por eso busca perjudicarlo.
Mientras Mauricio utilizaba su tiempo en hacer ese tipo de declaraciones, el juez no detuvo su investigación el viernes 15 de mayo, cuando lo procesó como partícipe necesario de una asociación ilícita, el rango más alto entre todos los imputados de la causa, y siguió sumando elementos que refuerzan el dictamen y de manera indirecta presionan a los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal porteña, los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes decidirán si ratifican o rechazan la sentencia de primera instancia.
Noticias Urbanas adelantó en su número 245 la flamante movida de Oyarbide para agregar nuevas pruebas contra el Jefe de Gobierno. Esa iniciativa se concretó la semana que comenzó el lunes 7 de junio y finalizó el viernes 11, cuando se realizó una nueva ronda de declaraciones indagatorias (en calidad de ser sospechosos de un presunto delito), de la cual participó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación porteño, Roxana Barroso, quien fue jefa de Ciro Gerardo James y que según Oyarbide se encuentra en una situación complicada, ya que cree que sabe más de lo que dijo en su primer testimonio.
El otro citado fue el ex jefe de la Policía Metropolitana (PM) Osvaldo Chamorro, el hombre de confianza de Jorge ?el Fino? Palacios, quien tuvo trato directo con el espía James. Pero el magistrado no se detuvo ahí. Este martes 6, el juez le tomó declaración testimonial a los legisladores Gonzalo Ruanova y Diana Maffía y a la ex diputada porteña Silvina La Ruffa, ya que sus nombres aparecieron en una computadora que fue allanada de la empresa de seguridad Security Strategic Consultancy SRL, con un pedido de información patrimonial y financiera del sistema Nosis.
Sin embargo, ellos no eran los únicos investigados, el procedimiento realizado en dicha compañía determinó que también estaban en la misma situación el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el dirigente de los municipales porteños Patricio Datarmini. La empresa en cuestión era propiedad de Palacios y, además, en ella trabajaba Chamorro. La declaración de los tres citados coincidió en un punto clave de la causa sobre el espionaje, que le agregó más problemas a Macri, porque los citados manifestaron que eran espiados ilegalmente por su posición pública en contra de la designación de Palacios al frente de la Metropolitana.
Los políticos sumaron un dato fundamental para sostener sus afirmaciones al destacar que comenzaron a ser investigados por la empresa de seguridad en agosto de 2009, cuando estaban realizando desde la Legislatura acciones en oposición al nombramiento del Fino. Para esa época, tanto La Ruffa como Maffía integraban la comisión de Seguridad. ?Para el magistrado, este hecho ratifica que existió una estructura montada desde el Gobierno de la Ciudad para realizar tareas de inteligencia política a gran escala y que, debido a la envergadura de la misma, Macri no era ajeno a la misma, sino que, por el contrario, sabía de su existencia, con lo cual se agregan elementos que fundamentan el procesamiento contra el jefe porteño?, le explicó a Noticias Urbanas un colaborador del juez.
A eso se le sumó una declaración, que el magistrado consideró ?muy importante?, de una empleada de la empresa de seguridad de Palacios, cuyo nombre no trascendió, quien pasó por los tribunales el jueves de la semana pasada y que, según los investigadores del caso, ratificó en su testimonio que ?fue el propio Palacios? quien ordenó que se investigara a los políticos de la oposición, decisión que luego tomara estado público. ?Esa investigación sólo le servía a quien por ese entonces comandaba la policía porteña y eso vuelve a complicar la situación de la administración macrista?, dijo un letrado que trabaja en el expediente.
