Periodista vigilada por una fiscal
Dos efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) de la comisaría 10 se pararon en la puerta del domicilio de la periodista Claudia Acuña. Los policías por orden emitida desde la Fiscalía Contravencional y de Faltas N° 3, a cargo de Marcela Alejandra Solano, exigieron durante tres días identificación a las personas de sexo femenino que ingresaban al hogar y redacción de Acuña.
La vigilancia policial, según la fiscal, se montó para identificar a la autora de "ensuciar bienes de propiedad pública o privada".
Acuña, periodista del los medios cooperativos el portal La Vaca y el mensuario MU, escribió distintas frases con aerosol en la verdad de la esquina de Libertad y Lavalle. Por ello fue multada por infracción del artículo 80 del Código Contravencional de la Ciudad.
En defensa de la colega que ha dado reiterados testimonios periodísticos y militantes en temas como las redes de prostitución y los presos políticos por los incidentes en la Legislatura, recibió el apoyo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad, a cargo de Alicia Pierini.
"Se trata de una medida desproporcionada porque con el objeto de hacer comparecer a la supuesta autora de una contravención, se le ordenó a la Policía Federal la realización de tareas de inteligencia para identificar a Claudia Acuña, violatoria del derecho a la intimidad e injustificada a la luz de las presuntas transgresiones imputadas", marcó posición Pierini en la actuación 4762.
En la actuación de la Defensoría figura que Acuña es una periodista de reconocida trayectoria que en los últimos años dedicó su profesión a los problemas de grupos humanos que ven limitados sus derechos en razón de su vulnerabilidad y que ella hizo público el cuestionamiento al fuero contravencional. Por lo tanto para Pierini "la oportunidad en que se llevó a cabo la medida cuestionada podría importar no sólo una invasión de su intimidad y mortificación de sus costumbres, sino además un acto de intimidación y una eventual violación a la libertad de expresión".
La denunciante contra la fiscal sostiene, en su presentación dirigida a la defensora del Pueblo, que en varias de sus notas denunció hechos que se produjeron "bajo la órbita de la fiscalía que, justamente, impulsó este procedimiento. Además, nuestra cooperativa desarrolla un trabajo social con mujeres en estado de prostitución que realizan su actividad en Plaza Once. Nuestra cooperativa funciona, justamente, en la dirección donde se ordenó el procedimiento. De allí retiran muchas mujeres ejemplares de nuestro periódico y libros para vender en puestos que obtuvimos gracias a un convenio con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Como podrá imaginar, ordenar un procedimiento policial para identificar a las personas de sexo femenino que ingresen y egresen de este domicilio atenta contra el normal desarrollo de toda esta tarea, especialmente si pensamos en las mujeres explotadas y rehenes del miedo".
Pierini solicitó al fiscal general porteño, Germán Garavano, que evalúe la implementación de acciones determinadas para evitar medidas desproporcionadas.
