Cuando todos estatizan sus empresas, en Argentina se las privatiza: ¿Locura o estupidez?

Cuando finalizaba el primer año de su mandato, el Gobierno argentino confeccionó una lista de 59 empresas que deberían ser privatizadas, según la particular concepción económica de Javier Milei y sus sabuesos, de los cuales el más destacado –y el más improvisado- es Federico Sturzenegger.

En octubre de 2024, voceros de la Agencia de Transformación, que estaba a cargo de Diego Chaher, que lideraba un equipo de más de 30 “profesionales”, advertían que la lista iba a ser ampliada aún más. Chaher reporta, como no podía ser de otra manera, a Santiago Caputo, el genio del mal de Milei.

La lista que armaron incluía a Aerolíneas Argentinas, Intercargo, Administración General de Puertos, Concesiones Viales, ARSAT, ENARSA, IMPSA, Casa de la Moneda y los bancos Hipotecario, Nación y BICE, Tandanor, AYSA, Canal 7 y Fabricaciones Militares, entre muchas otras, algunas de ellas muy valiosas.

Haciendo gala de su habitual estilo zafio e iracundo, el presidente considera que las privatizaciones de estas compañías forman parte de su ataque “a la casta”, sin tener en cuenta el impacto estratégico, ni el interés nacional, palabras inexistentes en su vocabulario. Sus asesores aseguran que buscarán privatizar las empresas estatales, porque sino los políticos que las manejarán en el futuro las van a hacer deficitarias, aunque algunas de ellas han sido tradicionalmente superavitarias.

No es el caso de las viejas empresas del Estado, que en cada golpe militar eran devastadas por sus interventores, que llegaban al poder con una pronunciada sed de sangre y dinero. Un caso paradigmático fue siempre la empresa estatal más preciada de la historia argentina, que es Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Hay dos pequeñas historias con la petrolera nacional. La primera, los golpes de los generales José Félix Uriburu (1930); Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu (1955); Juan Carlos Onganía (1966) y Jorge Rafael Videla (1976), invariablemente destituyeron a los directivos de la democracia y los reemplazaron con especialistas provenientes de Shell y Esso, las dos petroleras privadas más grandes que operaban en Argentina.

Los gerentes de las empresas privadas sabotearon permanentemente los planes de expansión de YPF, en favor de sus mandantes, que seguían a menudo sosteniendo sus altos emolumentos.

La otra historia tiene que ver con el ínclito José Alfredo Martínez de Hoz, que era abogado, pero fungía de ministro de Economía. Al igual que el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray, eran legos que “se las arreglaban” para explicar la economía, siempre fracasando en su cometido. Jamás protagonizaron ninguno de los dos, un proceso de economía virtuosa, a pesar de la promoción permanente de algunos comunicadores, que conocen de la materia económica aún menos que ellos. Martínez de Hoz, en plena dictadura, endeudó severamente a YPF, obligando a la empresa a tomar créditos en el mercado internacional, que jamás fueron utilizados para funcionar. Todo ese dinero fue a parar al Tesoro Nacional y los sucesivos presidentes de YPF nunca pudieron tocar un peso. Igual, tanto el general de brigada Juan Carlos Reyes como el abogado Juan Mario Bustos Fernández estaban más dispuestos a obedecer a los militares que a desarrollar la empresa, que sufrió importantes pérdidas durante sus gestiones.

La empresa fue privatizada por Carlos Menem de manera lamentable, adjudicada a la empresa española Repsol, que, presidida por el salteador de caminos Antonio Brufau, que destruyó archivos, vendió edificios, monetizó propiedades y jamás realizó una prospección petrolera. Tuvieron que quitársela a Repsol en 2012 para poner en marcha el proyecto Vaca Muerta.

Cambio de época

Esta breve introducción viene a cuento porque la ola privatizadora mundial se viene revirtiendo desde poco antes del año 2020, aproximadamente. En un documentado trabajo, el historiador de la economía Nicholas Mulder dio cuenta de que desde 2016 hasta la fecha fueron nacionalizadas diversas empresas en todo el mundo por un valor de aproximadamente 450 mil millones de dólares.

Las razones no son ideológicas, sino de estricta necesidad. Los gobernantes recurren a la reestatización de sus activos económicos por varias razones: la primera es la necesidad de asegurar las cadenas de suministro; la segunda, perfeccionar la seguridad nacional; la tercera, limitar el poder de los monopolios; la cuarta es impulsar la transición energética y la última es la de presionar a los empresarios demasiado ricos y poderosos, que, basados en su posición dominante, le arrancan al poder político demasiadas concesiones.

Mulder es profesor de historia en la norteamericana Universidad Cornell y forma parte del Instituto Milstein, por lo que sería apresurado calificarlo como un “populista”. Además, este trabajo fue publicado por el FMI. En Noticias Urbanas N° 372, nuestro compañero Fernando Riva Zucchelli advirtió sobre el proceso de entrega de soberanía en el que incurrió el gobierno que encabeza Javier Milei.

Hace apenas una semana, el director de Noticias Urbanas afirmaba en su nota, titulada Milei: La entrega de la soberanía más intensa del mundo, que “para un correcto entendimiento de la situación, se podría decir que desde la Argentina el Gobierno habilita y promueve permanentemente misiones que van en busca de mega empresas, grupos inversores, lobbystas y bancos para ofrecer sus vastas riquezas naturales y puntos de despegue de actividad y riqueza”, todo esto enmarcado en una realidad en la que no existe “el más mínimo plan de desarrollo nacional integrado, tanto desde el punto de vista de lo federal como desde la visión necesaria de cómo sería el aprovechamiento ideal para generar mejores condiciones de negociación y proteger con las mismas el futuro de la Nación y de todos quienes la habitan”.

Por el contrario, en otros países, las cosas son diferentes. Los estados de Francia y Alemania pasaron a controlar sus empresas energéticas y de servicios públicos. Los primeros estatizaron además el mayor astillero de Europa, el Chantiers de l'Atlantique, ubicado en Saint-Nazaire, sobre el océano. Inglaterra, por su parte, estatizó ferrocarriles y fábricas siderúrgicas.

Entretanto, el Gobierno de Estados Unidos decidió incrementar su participación en la producción de tierras raras, sin las cuales la tecnología militar no funciona. Para peor, la principal mina productora, ubicada en Mountain Pass, en el desierto de Mojave, aún entrega su producto casi completo a las empresas estatales China Rare Earth Group y China Northern Rare Earth Group, las únicas que tienen la tecnología para procesarlas. Éstas procesan el 90% de las tierras raras del mundo.

Existe un listado cada vez mayor de países que han confiscado recursos de propiedad extranjera, entre los que se cuentan el litio, el oro, el uranio, el níquel e incluso el aceite de palma.

Por otra parte, todos los minerales estratégicos, todos los commodities estratégicos, todos los combustibles estratégicos y todos los procesos y productos militares estratégicos de los países de los cuales solemos tomar modelos están en manos del Estado o, si están en manos privadas, cuentan con una cercana supervisión y trabajan bajo específicos encargos gubernamentales y bajo una estricta conducción de sus funcionarios. Se copia la exportación de asesores, pero no los modelos que aplican en sus propios países.

No existe liberalismo en el desarrollo. Los liberales y los libertarios sólo aparecen cuando se discute la distribución de las ganancias. Es decir, cuando el trabajo ya está hecho. Vivir de arriba, decían en mi barrio cuando este cronista era muy, pero muy joven.