Con una controversial agenda, el oficialismo convocó al Congreso a sesiones extraordinarias
Tras las juras de las últimas semanas, comenzó a funcionar la nueva geografía de las cámaras, con un cúmulo de iniciativas que están siendo enviadas con cuentagotas al Palacio Legislativo. De este modo crece la tensión y aún es una incógnita la manera en que el oficialismo piensa avanzar en los próximos 20 días con modificaciones regresivas, que generan gran resistencia.
Lo más probable es que 2025 termine con un presupuesto aprobado y con los demás ítems planteados, pero aún sin aprobación. En estos momentos, los espacios políticos están en plena ebullición y se produjeron diversas novedades sobre configuraciones, alianzas y disidencias.
La diputada Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba)se refirió a la conformación de su monobloque, explicando que “fue lo que planteamos en la campaña y es lo que votaron en Córdoba, un espacio nuevo. Por eso tenemos que representar a los cordobeses que nos acompañaron para mantener la coherencia de lo que hemos dicho y defender esos intereses”. Acerca de las reformas y, especialmente, sobre la modificación tributaria, remarcó que “no tenemos todavía el texto, sólo existen repercusiones”. No obstante, acerca de la eliminación del monotributo aseveró que “no lo acompañaremos de ninguna manera, el proyecto de reforma debemos estudiarlo muy bien. Muchos argentinos no pueden trabajar por estar atravesando una recesión económica, así que no nos parece el momento de llevar adelante lo que plantean”. Asimismo, opinó sobre sus contendientes políticos de Provincias Unidas y el mandatario de su provincia Martin Llaryora. “Estamos en posicionamientos políticos diferentes con el gobernador, lo que define que estemos en bloques distintos”.
En medio de esta confusión, el Congreso Nacional comenzó este miércoles con las sesiones extraordinarias para debatir el paquete de leyes. El foco estará puesto, en principio, en sancionar el primer presupuesto de la gestión de Javier Milei, acompañado por el proyecto de “modernización laboral”.
Con dos años de gestión recién cumplidos, los principales referentes parlamentarios de La Libertad Avanza, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich, se jactan de que podrán trabajar con más holgura de la que tuvieron en los primeros 24 meses.
El calendario de adviento -la celebración litúrgica para prepararse para la llegada del nacimiento del Salvador- sigue sucediéndose, mientras el Gobierno convocó para debatir en sesiones extraordinarias los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Modernización de Reforma del Código Penal.
Sin embargo, éstos todavía no fueron presentados en sociedad y el reloj de arena ya empezó a andar. A esta nómina se agrega la iniciativa de la ley de preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Tal aventura legislativa tiene fecha de caducidad parlamentaria el 30 de diciembre próximo.
Zona de promesas
Las juras en la Cámara Baja dejaron varias postales y marcaron el comienzo de una nueva era en el recinto legislativo. Los comentarios impertinentes de la legisladora Lilia Lemoine, las respuestas desafiantes de algunos peronistas y las particularidades de los juramentos, signaron la jornada. El Diputado Juan Carlos Molina (Unión por la patria- Santa Cruz) tras la ceremonia del pasado miércoles expresó que “fue un recinto peleado, complejo tenemos que ser una oposición muy concienzuda, muy estudiosa y fuerte. Una oposición de alianzas para evitar que el Congreso sea parte de un circo, una payasada. Tenemos un trabajo muy fuerte por delante”.
Molina fue anteriormente secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Trabajé con la comunidad wichi, con los pueblos originarios, con los más pobres, con los más necesitados, lo que es parte de mi opción como sacerdote”, describió y agregó que “cuando el obispo me da el permiso para que tome mi banca como diputado, me encargó que no me olvide de los pobres y que tenga presente el Evangelio. Por ese motivo, quise manifestar ese compromiso tomado en mi jura. En consonancia con su posición opositora, opinó que “todas las reformas me preocupan. La laboral, porque sintetiza el descarte, el abandono y dejar a la gente afuera. La modificación tributaria me moviliza porque van a terminar pagando los pobres y los ricos cada vez serán más ricos, lo mismo que sucede con la reforma previsional. Particularmente, me preocupa que no se tenga conciencia sobre lo que es vivir en una zona fría”. Del mismo modo sincero, no evitó hacer referencia a la diáspora de legisladores del espacio al que pertenece. “Sabemos que esto es parte de la política, nos duele porque la gente los eligió para ser parte de la unidad, pero también sabemos que se debe a los acuerdos de los gobernadores. Nos gustaría recuperarlos, pero no por tener más gente en el bloque, sino porque deben dignificar aquello por lo que fueron votados”.
Desde la vereda de negociaciones permanentes por la que andan los mandatarios provinciales, opinó Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, que estuvo presente en el acompañamiento de sus legisladores. “Mas allá de las contingencias que existen en la vida cotidiana de las personas, claramente las elecciones han dejado un mensaje que deriva en la conformación de la Cámara”. Luego admitió que “pensaba que sería una configuración similar, pero hubo cambios y mi expectativa es que exista una mirada más federal”. Agregó que “creo en una Argentina con una visión federal, porque ahí se encuentra la verdadera potencialidad”.
Orrego, presidente del partido Producción y Trabajo determinó que “los temas que se vienen tienen que ver con el sentido común: la reforma laboral, tributaria y la reforma penal. Se necesitan cambios profundos. En las extraordinarias se va a tratar la modificación de la ley de zonas glaciares, fundamental para una provincia como la nuestra y es bueno dar un mensaje certero, en un marco de estabilidad financiera”. Enfático, aseguró que “si se motorizan Vaca Muerta, la minería y el Agro, será una forma de despegar hacia el mundo¨.
Se buscan dadores
En la calle preocupa el alza de precios en alimentos, la cantidad de despidos y una nueva ley laboral que precariza el trabajo. En este marco, aún no están conformadas las comisiones, por lo cual el tiempo marca el pulso de la última batalla política de 2025. Las claves son las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos 34 legisladores dado que tiene 95 diputados y así conforman la primera minoría. La estrategia es ir por los aliados del interbloque UCR, PRO, MID y Por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.
También van por los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora. El apoyo de varios gobernadores estará vinculado a la esperada respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura y por la respuesta a los reclamos para que el Gobierno avance con las obras en las rutas nacionales.
Promoción de Navidad
El propósito del oficialismo es que el miércoles de la próxima semana llegue al recinto la ley de recursos 2026 y así dar celeridad a la agenda de temas pendientes. Sin embargo, es difícil, porque al terminar el período ordinario se debe volver a activar el tema en la Comisión de Presupuesto. El texto prevé un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar a $1.423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6% de las exportaciones del y 11% de las importaciones. Además, fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos. El 85 por ciento de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros. El Gobierno contempla un gasto de 8 billones para la Administración Gubernamental, de siete billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales y 14 billones para la deuda pública.
Por otra parte, el Senado se prepara para abrir este jueves en comisión el debate sobre el proyecto de reforma laboral, que el Gobierno envió este jueves a ese cuerpo legislativo. En las últimas horas también se dio a conocer el informe final del Consejo de Mayo, que se centra en la inviolabilidad de la propiedad privada y el tratamiento de una modificación a la Ley de Expropiaciones, que dispondrá de una indemnización al valor del mercado previo al anuncio, actualizado por IPC y determinada por tasadores independientes.
Asimismo, el jefe de Gabinete Manuel Adorni habló del proyecto de ley por el “compromiso nacional de estabilidad fiscal y monetaria”, ítem presente en la convocatoria a extraordinarias. “La misma prohibe déficit del presupuesto nacional, establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos y transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria, así como la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno”. En un tercer punto del informe se menciona una reforma educativa, la cual buscará establecer mayor autonomía a las provincias y a cada institución.
En la proximidad del verano quedan las esquirlas del primer estío de la gestión mileísta con el debate por la Ley Bases. Del año parlamentario que culmina quedan las investigaciones realizadas y los damnificados por medicamentos adulterados. En los últimos días fue presentado un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, fecha que recuerda el inicio de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de ANMAT. “El 13 de mayo no es sólo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar, frente a una cadena de fallas que costó vidas”, señaló el diputado Eduardo Valdés, integrante de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que a principios de diciembre presentó su informe final.
