Caputo retrasa su programa estrella para traer inversiones
El programa de ciudadanía por inversión que impulsa el ministro de Economía, Luis Caputo, sufrió una demora y su puesta en marcha se postergaría hasta 2027. La iniciativa, presentada junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca atraer capitales extranjeros mediante un mecanismo que permite solicitar la ciudadanía argentina a cambio de una inversión económica, sin exigir residencia previa en el país.
El esquema contempla dos alternativas: un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por US$800.000 creado especialmente para el programa. La propuesta también permite incorporar familiares, con aportes diferenciados según el vínculo y la edad. El Gobierno había anunciado que comenzaría a recibir solicitudes durante el último trimestre de 2026, pero el cronograma ahora se desplazaría.
El régimen incorporaría además un requisito migratorio para los interesados: contar con una visa de Estados Unidos o de Europa. La condición se sumaría a los controles previstos para verificar la identidad de los solicitantes, el origen lícito de los fondos, sus antecedentes penales y migratorios, y su situación patrimonial y financiera.
La iniciativa fue creada mediante el DNU 366/2025, que modificó la normativa de ciudadanía y estableció una vía de naturalización por “inversión relevante”. El decreto también creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía, que deberá evaluar cada expediente y elevar una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá la decisión final.
El programa también quedó bajo cuestionamiento judicial. En junio de 2026, la Cámara Civil y Comercial Federal declaró inconstitucional parte del DNU, mientras que la Cámara Nacional Electoral declaró su nulidad en otro expediente. Aunque las causas no discutían específicamente la ciudadanía por inversión, los fallos alcanzaron la norma que creó el régimen. El Gobierno anunció que apelaría las decisiones.
La propuesta, presentada por Caputo como una herramienta para atraer inversiones y fortalecer los vínculos internacionales, también recibió críticas de legisladores de Unión por la Patria, que impulsaron proyectos para derogar los artículos que habilitan la ciudadanía a cambio de aportes económicos. Con la demora prevista hasta 2027 y los cuestionamientos judiciales aún abiertos, el programa enfrenta nuevas incertidumbres antes de comenzar a recibir solicitudes.