Una ley no se cumple porque la Nación y la Ciudad se pasan la pelota
La diputada porteña Irene López de Castro (Juntos por Buenos Aires) presentó en la Legislatura un proyecto de resolución para que el Gobierno de la Ciudad informe al Parlamento local sobre las gestiones realizadas ante la Secretaría de Transporte de la Nación para el cumplimiento de la norma que impide a los colectivos circular por el casco histórico.
La misma fue sancionada el 5 de diciembre del año pasado y entró en vigencia el 3 de febrero último. Por ese motivo las líneas de colectivo 22, 24, 28, 29, 86, 91, 103 y 126 tendrían que haber cambiado su recorrido, evitando pasar por la zona delimitada por las calles Perú, Hipólito Yrigoyen, Paseo Colón, Belgrano y Diagonal Roque Sáenz Peña, algo que aún no han llevado a cabo. Sucede que la Ciudad tiene facultad para prohibir el paso por ciertos lugares, pero no hay acuerdo sobre quién debe fijar los nuevos recorridos.
"Desde la Secretaría de Transporte de la Nación dijeron que el nuevo trazado de los recorridos de los colectivos es un tema que manejan la Subsecretaría de Transporte Urbano de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Pero tanto desde la CNRT como desde la mencionada subsecretaría negaron que sean ellos los encargados del trazado de los recorridos y devolvieron la cuestión a la Secretaría de Transportes de la Nación", explicó López de Castro, para luego añadir que "en lugar de discusiones, debería cumplirse con la ley y trazar los nuevos recorridos".
La finalidad de la norma que prohíbe la circulación de colectivos por el casco histórico es preservar a los edificios que allí se sitúan de las vibraciones generadas por el tránsito pesado. Entre ellos se cuentan la Basílica de San Francisco, la Capilla de San Roque, la Iglesia de San Ignacio y la Procuradoría Jesuítica, el antiguo Congreso Nacional, la casa de María Josefa Ezcurra, los Altos de Lorriaga y el edificio de la antigua Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires.
