Busacca pidió la inconstitucionalidad del "convenio gay"
"Ante la falta de iniciativa del jefe de Gobierno para anular el convenio suscripto entre el Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina y remover aquellos funcionarios que lo han firmado o avalaron con su silencio el mismo, he presentado un recurso de amparo para impedir que esta organización pueda brindar asesoría, desarrollar actividades, asistencia técnica y capacitación a los niños de esta Ciudad", manifestó el vicepresidente tercero de la Legislatura porteña, Ricardo Busacca (Partido Popular Cristiano).
La presentación judicial realizada este lunes por la mañana recaló en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, a cargo de Juan Vicente Cataldo. "El recurso tiene como objeto obtener una declaración de inconstitucionalidad, ya que de lo contrario, significaría abrir una puerta que implica no reconocer límites y/o prudencia en el suministro de información a los niños de la ciudad y posibilitar así en el futuro suscribir otros convenios que puedan inducir a los menores hacia un determinada orientación sexual, que en este caso sería la homosexualidad", afirmó el diputado cristiano.
Junto con el legislador radical Jorge Enríquez, Busacca está promoviendo un proyecto de resolución mediante el cual planean citar a una interpelación a la presidenta del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, María Elena Naddeo.
El 8 de noviembre del año pasado el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Elena Naddeo, firmó un convenio con la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA) por el cual ambos organismos se comprometen a reforzar y ampliar los alcances de programas y actividades orientados a la defensa y promoción de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes relacionados con el desarrollo social, la capacitación, la investigación y el trabajo comunitario, poniendo especial énfasis en la protección de la salud, en el desarrollo de una sexualidad plena y facilitando la igualdad de oportunidades de las niñas y los niños y las y los adolescentes.
"El convenio a todas luces resulta agraviante al bien público -manifestó el diputado-, ya que el mismo es a las claras violatorio de la moral y las buenas costumbres, las que se encuentran protegidas por la Constitución Nacional. Estamos hablando de menores de edad, a los cuales por su falta de madurez física y mental debemos proteger y cuidar. De ahí que son aquellos profesionales de la ciudad, especialistas en la materia, los más idóneos para orientar en esta problemática".
