¿El cazado era una bruja?

Días atrás, Fernando Hugo Toppetti, empleado de la Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF), dirigió un documento a la Dirección de Derechos Humanos de la Legislatura, a la Defensoría del Pueblo porteña y a otros organismos defensores de los derechos humanos, en el que acusaba al Director General de la UACF, Ezzio Emiliozzi, de haberlo trasladado al Registro de Necesidades Operativas (RENO) sin motivos. La resolución por la que Emiliozzi dispuso la desafectación de Toppetti aludía a que su "perfil" no se adecuaba a las tareas realizadas en la UACF.

Esta argumentación fue duramente criticada por el empleado, quien solicitó la revocatoria de la medida y acusó a Emiliozzi de perseguirlo por su actividad gremial. También, como prueba, solicitó al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) que informara sobre su participación en el sindicato y la fecha de su nombramiento como delegado.

"El oficio que el mismo Toppetti pidió que se librara indica que él no es delegado gremial", afirmó este martes a NOTICIAS URBANAS Emiliozzi. El funcionario explicó que el documento asegura que la UACF no cuenta actualmente con delegados gremiales y que el mandato de Toppetti "caducó el 21 de septiembre de 2000". "Yo no persigo a nadie, y menos podría perseguir a alguien por ser gremialista cuando no lo es", manifestó el director general de la UACF.

Más allá de esto, por otro motivo Toppetti se convirtió de la noche a la mañana de acusador en acusado: en el Boletín Oficial de la Ciudad, del día 26 de septiembre, figura la resolución 310 -firmada por la secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giúdici- mediante la cual se instruye sumario para investigar su conducta, a raíz de una denuncia realizada por un particular, de nombre Juan Verdaguer, que inculpó al empleado por un presunto pedido de coimas. "Yo recibí la denuncia y le di giro. Y como medida preventiva envié a Toppetti al RENO", puntualizó Emiliozzi. "La palabra 'perfil' la usé porque considero que el principio de inocencia tiene validez hasta que se pruebe lo contrario", aclaró el funcionario quien, a su vez, denunció a este medio haber recibido amenazas anónimas. Respecto al traslado de Toppetti, en siete días el director general emitirá su resolución final.