Veredicto sobre la protesta social
Para este lunes 13 es que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17 decidió continuar con el juicio oral y público que se les inició a 14 personas, privadas de la libertad durante 14 meses, a raíz de una manifestación contra el recrudecimiento Código Contravencional en la que se produjeron destrozos sobre la Legislatura. La audiencia, que debiera iniciar a las 13, será para dar la palabra a los 14 acusados.
A continuación de los acusados los tres miembros del tribunal deberán decidir si respaldan las actuaciones de la jueza y fiscal de primera instancia, Silvia Ramond y Claudio Soca, o dan un vuelco en la penalización de la protesta social.
La postura de los jueces Elsa Moral, Silvia Arauz (presidenta) y Alejandro Noceti Achával obviamente es desconocida. De todas maneras cualquier observador de las audiencias del juicio sabe que Elsa Moral es una magistrada conocida como garantista, o sea que no toma las declaraciones policiales como impolutas, y difícilmente de una condena.
El lunes de la semana pasada en la misma sala de máxima seguridad de los tribunales de la calle Comodoro Py, en Retiro, el grupo de abogados de los organismos de derechos humanos en defensa de ochos de los 14 acusados, la mayoría vendedores ambulantes, pidió la absolución, y de no concretarse la absolución la pena mínima de tres meses con acceso a un subsidio. Días previos las defensas particulares pidieron la absolución de sus defendidos.
La acusada mediáticamente más conocida, Margarita Meira, es defendida por Magdalena Zold, Verónica Surey, y Claudio Pandolfi (ex miembro de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, y querellante en el juicio por el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki). Por su parte Marcela Managua, que integrante de AMMAR-Capital, la defienden Raúl Salinas e Ileana Arduino integrantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Durante el juicio, el fiscal Juan Ghirimoldi pidió que los acusados sean absueltos por los delitos que fueron encarcelados, coacción y privación ilegal de la libertad, al entender que no se pudo acreditar que los legisladores o empleados hayan sido amedrentados por los manifestantes o se les hayan impedido salir del edificio. En cambio, consideró probado que fueron partícipes necesarios del delito de "daño agravado" y pidió una pena de tres años de cárcel para Carmen Insfrán, Marcela Sanagua, Pablo Armitrano, Carlos Santamaría, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Eduardo Ruiz, Héctor Gómez, Aníbal Fortuny Calderón, Antonio Medina y César Gerez. A otros dos acusados, Fabián Scaramella y Jorge Nievas, les endilgó además el delito de "resistencia a la autoridad", aunque reclamo la misma pena, y sólo pidió la absolución por todas las imputaciones a Margarita Meira.
Para la acusación, Ghirimoldi se basó principalmente en las declaraciones de varios policías que aseguraron haber visto a los imputados tirando piedras contra el edificio, aunque no pudo individualizar a ninguno como autor del hecho.
