Publicado: 05/05/2008 UTC General Por: Redacción NU

La "Ley Clarín" vuelve a la Legislatura

Se determinó después de que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, aceptara el fallo del Tribunal Superior de Justicia que declaró inconstitucionales dos artículos de la norma que suspendía el soterramiento de las redes de cables tendidas por las empresas que brindan ese servicio de televisión. Los bloques no se deciden, las internas se evidencian y las posiciones cambian tan fácilmente como el clima. El viernes cada uno revelará su juego.
La "Ley Clarín" vuelve a la Legislatura
Redacción NU
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El problema del soterramiento del cableado de las empresas de televisión por cable que recorre la Ciudad volvió a la agenda legislativa. El hecho sucede luego de que el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunciara que no apelaría el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que declaraba inconstitucionales dos artículos de una ley aprobada durante el gobierno ibarrista, conocida popularmente como "Ley Clarín", que suspendía la obligación del multimedios de soterrar el cableado del servicio de TV por cable.

El fallo del TSJ tuvo lugar después de que una compañía de cable del interior del país, Gigacable, denunciara que la norma vulneraba el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Ahora la norma debe volver a tratarse en la Legislatura, y se suponía que este lunes la Comisión de Asuntos Constitucionales se reuniría para discutir su modificación. Sin embargo, debido a la ausencia de su presidente, el legislador Marcelo Godoy (PRO), la fecha se trasladó para el viernes 9 de mayo a las 15, donde finalmente se verá qué posición toma cada bloque.

Y es que cuando el tema involucra al Grupo Clarín, dueño de Cablevisión y Multicanal, dos de las únicas tres compañías de TV por cable porteñas, nada es fácil. Porque la ley en cuestión permitía a las compañías existentes mantener el cableado ya trazado por aire y sólo obligaba a pasar bajo tierra el cable de fibra óptica que se emplazara después de la sanción de la ley. Con esta norma, el multimedios Clarín se evitaba tener que desembolsar cientos de millones de pesos en el soterramiento.

Sin embargo, las otras empresas que quisieran ingresar al negocio, debían obligatoriamente soterrar sus cables, aún cuando se liberara el espacio aéreo de alguna de las empresas existentes. El resultado: una enorme desventaja para las empresas que quisieran ingresar al mercado de la TV por cable porteña. Por esta cuestión, Gigacable realizó su demanda en la Justicia que, después de las sucesivas apelaciones, culminó con el fallo del TSJ.

Con tamaña fuerza de intereses en juego, no sorprende que las divisiones aparezcan. En el bloque PRO aún no se define una posición oficial y ya desde algunos medios se plantean dudas sobre las verdaderas intenciones de Macri con respecto a la sanción de la ley, ya que aunque se obligue a las compañías de cable a llevar a cabo el soterramiento, en ningún lado se aclara quién deberá costearlo.

En el bloque del legislador Aníbal Ibarra, quien introdujera el proyecto de ley original como jefe de Gobierno porteño en diciembre de 2005, aún se discute la resolución judicial y pronostican que recién el viernes se conocerá su visión sobre el asunto. Por lo pronto, el ex jefe de Gobierno afirmó que la ley no lo compromete ya que él se encontraba suspendido de sus funciones al momento de su promulgación.

En el Frente para la Victoria la situación es similar, aún están analizando la propuesta y no tendrán una posición cerrada al menos hasta el día en que se reúna la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahora, gracias a la postergación de la reunión, los bloques tendrán un poco más de tiempo para decidir qué camino tomar.

Un ejemplo claro de lo relativas que pueden ser las posiciones con respecto a este tema lo da el mismo partido del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con la actitud que, tiempo atrás, tomó el ex diputado porteño Mario Morando. Éste había presentado en 2005 un proyecto de ley que disponía la metodología subterránea (es decir el soterramiento de cables) y además preveía la apertura de un Registro de Prestadores. Un mes después Morando afirmaba que se había dado cuenta de que su proyecto "no contemplaba la factibilidad económico-financiera de las empresas para llevar adelante las inversiones necesarias para el enterramiento, sin poner en riesgo la viabilidad del servicio". Demás está agregar cualquier comentario.

Finalmente, este viernes, si es que la reunión no se posterga nuevamente, sabremos qué cartas pretende jugar cada bloque y cómo se definirá esta discusión que se viene pasando de un gobierno a otro sin encontrar solución.

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