Proponen que la Ciudad interceda para evitar las ejecuciones hipotecarias
Las ejecuciones hipotecarias son un problema latente para más de 16 mil porteños. Una pequeña esperanza se abre para ellos a partir de la presentación de un proyecto de ley de la legisladora porteña Beatriz Baltroc (ARI). La propuesta parlamentaria, presentada recientemente en la Legislatura, contempla la creación de la "Coordinación de Emergencias Habitacionales y Productivas derivadas de Ejecuciones Judiciales", un organismo dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad que se encargaría de interceder ante la Justicia para intentar reducir los efectos de los desalojos entre las PyMes y los propietarios de viviendas familiares.
La iniciativa de Baltroc, de aprobarse, servirá como una herramienta que se implementará o no -depende de la decisión del juez- para resolver cada uno de los casos particulares, pero no solucionará ni retardará el problema de las ejecuciones en su conjunto, debido a que la Ciudad no puede suspenderlas por decreto, como lo hizo a principios del año el Poder Ejecutivo Nacional.
En definitiva, Baltroc propone que, en todos los procesos o expedientes en los que se disponga judicial o administrativamente la ejecución hipotecaria de un inmueble utilizado como vivienda familiar o como establecimiento de pequeños y medianos comercios e industrias, los jueces intervinientes pongan en conocimiento del "Registro de Emergencias Sociales derivadas de Ejecuciones Judiciales" toda la información referente a la deuda y al estado de la propiedad.
Luego, en un plazo de ciento ochenta días hábiles, la nueva oficina porteña debería determinar la intervención estatal y comunicar al juzgado si se llegó o no a una solución. Pese a que el proyecto de ley establece, también, que hasta tanto la Coordinación se expida en el lapso asignado los plazos procesales deben suspenderse, esto quedaría a criterio de cada juez.
En la actualidad, en todo el país, los deudores hipotecarios en etapa de ejecución son 53.000, de los cuales 16.000 están en la Ciudad de Buenos Aires. El promedio de cada deuda original ronda entre los 30.000 y 40.000 pesos, de las cuales un 60 por ciento son con los bancos y un 40 por ciento con acreedores privados.
En San Juan, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Neuquén y en Formosa, las legislaturas provinciales aprobaron leyes que protejen más firmemente a los deudores, pero debido a la particular situación respecto a la Justicia Nacional se hace imposible aplicar una legislación equivalente a las normas provinciales sancionadas recientemente.
"El Congreso, que es el que debería haber encarado una solución integral a esta problemática, dejó librada la resolución del conflicto a la voluntad de las partes. Y así es que vemos en este momento un aumento acelerado de las ejecuciones", manifestó Baltroc, quien agregó que "ante esto consideramos que el Estado no puede mantenerse al margen".
"Creemos que está entre nuestras facultades dictar una ley orientada a regular una inmediata intervención del Poder Ejecutivo, estipulando un plazo de ciento ochenta días durante el cual se suspenderían temporalmente las ejecuciones. Porque creemos que el Estado debe hacerse cargo de neutralizar o por lo menos reducir los efectos de esta terrible crisis", concluyó la legisladora del ARI.
