El freno a la IGJ porteña suma adeptos
La medida cautelar de no innovar dictada por la Justicia Nacional en lo Comercial suspendiendo la validez y eficacia de la Ley porteña 2.875 que creó el Registro Registro Público de Comercio y contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad, sumó el apoyo del Colegio Público de Abogados de la Capital.
"La legislatura porteña usurpó facultades del Gobierno de la Nación mediante vías de hecho: dictó una ley arrogándose el Registro de las Personas Jurídicas en esta Ciudad, violando la Constitución Nacional (art. 129) y su ley reglamentaria (art. 10, ley 24.588) que lo ubican en jurisdicción nacional", señaló el presidente de la institución, Jorge Rizzo.
También refutó los argumentos señalados a NOTICIAS URBANAS por el legislador PRO Martín Ocampo, al señalar que la Justicia Nacional no tiene competencia en esta materia y que debe ser el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad quien entienda en este caso.
"Dicha posición carece de fundamento jurídico, por cuanto un fuero local no puede entender cuando lo que se pone en juego es vigencia, validez y/o violación de una norma de la Constitución Nacional, como ocurriera con la cuestión de CASSABA, de conformidad con la ley Federal Nº14", remarcó Rizzo.
"La anunciada creación de un registro más ventajoso para las sociedades revela el propósito de vaciar de competencias a la Inspección General de Justicia, esto beneficiará a los grandes evasores fiscales y a una elite que se sustrae del cumplimiento de obligaciones laborales, familiares, normas sobre responsabilidad contractual y extracontractual y leyes imperativas de toda clase, mediante el uso de sofisticados tipos societarios ofrecidos por los centros offshore, que permiten obrar en la clandestinidad", aseguró.
